El Gobierno devolverá la protección del desempleo consumida a los trabajadores que salgan de la empresa sin estar en un expediente de regulación.
Los trabajadores despedidos finalmente por la empresa por causas objetivas –económicas, técnicas, organizativas o de producción– y fuera de un expediente de regulación de empleo, también tendrán derecho a contar con mayor protección por desempleo.
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Nueva inyección de liquidez para los autónomos. Las tres asociaciones nacionales de este colectivo (ATA, UPTA Y CEAT) firmaron ayer un acuerdo, promovido por el Ministerio de Industria, con la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca y la Compañía Española de Reafianzamiento para facilitar el acceso a una línea de avales de 500 millones de euros a través de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).
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El hecho de que el periodo de prueba se encuentre en suspenso debido a que el trabajador esté en situación de incapacidad temporal no es impedimento para que el empresario pueda extinguir la relación laboral (sent. del TS en unificación de doctrina de 12.12.08).
Una trabajadora fue contratada como administrativa por una empresa de telemarketing mediante un contrato eventual por circunstancias de la producción, donde se pactó un periodo de prueba de 60 días. En el mismo contrato se pactó que situaciones como la incapacidad temporal o la maternidad que pudieran afectar a los empleados durante el periodo de prueba interrumpían el cómputo de éste, que se reanudaría a partir de la fecha de reincorporación del trabajador, tal como permite el ET y especificaba el convenio colectivo de aplicación en la empresa.
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Esta iniciativa, defendida por el PP y enmendada por el PSOE, responde, según el texto pactado, “al marco del diálogo social, recientemente iniciado
La Comisión de Educación, Política Social y Deporte en el Congreso de los Diputados insta por unanimidad instar al Gobierno a que impulse medidas que faciliten la conciliación laboral y familiar, mediante la flexibilización de los horarios laborales, a través de fórmulas como el teletrabajo y la jornada laboral a tiempo parcial.
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El interés de demora, el tipo que aplica Hacienda a los aplazamientos que concede, se sitúa en el 7%, un nivel demasiado alto según los analistas fiscales. El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Juan Carlos López-Hermoso, señaló que debería bajarse medio punto o un punto por encima del euríbor, que ayer cerró en 2,04%.
Por otra parte, Aedaf, reclamó, en línea con las organizaciones empresariales, rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de recaudación con una subida del IVA. ‘Lo importante ahora es aumentar la renta de familias y empresas’. Por ello, los asesores fiscales propusieron también bajar el impuesto de sociedades del 25% al 20% para las pymes y del 35% al 30% para el conjunto de las empresas, así como reducir las retenciones del IRPF.
La capacidad normativa de las autonomías en impuestos como el IRPF, sucesiones o donaciones provoca que situaciones idénticas reciban tratamientos fiscales antagónicos en distintos territorios.
Las divergencias más notables se producen en el impuesto de sucesiones y donaciones. La mayoría de comunidades -Baleares, Canarias, Cantabria, las dos Castillas, Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana- prácticamente han eliminado el impuesto de sucesiones para los cónyuges, descendientes y ascendientes. En el lado opuesto, Extremadura y Cataluña sobresalen por ser las comunidades que más penalizan fiscalmente heredar.
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La medida, incluida en el anteproyecto de la reforma de la Ley de Extranjeria, quiere evitar que se “promueva la permanencia irregular”
El Gobierno pretende multar con sanciones de hasta 10.000 euros a quienes den cobijo a inmigrantes en situación administrativa irregular, conforme recoge el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que tipifica como infracción grave “promover la permanencia irregular en España de un extranjero”.
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Según una reciente encuesta realizada por Áudea Seguridad de la Información entre 1.117 empleados pertenecientes a los departamentos de TI, un 79% de los mismos reconoció haber perdido datos personales en su empresa.
De este alto porcentaje sólo el 1% se corresponde a pérdidas de información provocadas por hackers; el resto de las perdidas se debió a una actitud negligente de los propios empleados o a acciones fraudulentas de ex trabajadores.
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La Administración Tributaria española primará el criterio jurídico y no el económico para determinar dónde se ha prestado un servicio a efectos del IVA.
El criterio de la Administración Tributaria española a la hora de determinar dónde se ha prestado un servicio transfronterizo entre empresas a efectos del IVA va a ser jurídico –lugar en donde esté situado el establecimiento del cliente que contrata el servicio– y no económico –lugar en donde está situado el establecimiento del cliente que utiliza el servicio para el desarrollo de su actividad–.
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La evolución del gasto real de los españoles no coincide con la cesta de la compra que usa el INE para calcular las tasas de inflación, uno de los principales indicadores de la coyuntura.
A los españoles no les concuerdan los datos. El gasto en alimentación envasada y bebidas creció un 5,9% en valor en 2008; las compras relacionadas con el sector textil descendieron un 0,9% el año pasado; al tiempo, sus gastos en carburantes para vehículos de uso particular ha sido el grupo que ha sufrido los mayores recortes en cuanto al volumen anual, con una contracción del 0,7%, según el último anuario de consumo de Nielsen, uno de los estudios más seguidos por el sector de la distribución en España.
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Una resolución del organismo antifraude fiscal cambia el cometido del personal y centraliza buena parte de los equipos en el control de asalariados y pymes.
Tiempos de recesión; de dificultades económicas; y de fuertes inspecciones fiscales. La reestructuración que acaba de lanzar la Agencia Tributaria puede convertirse en un motivo de preocupación para un buen número de contribuyentes. Pero, además, no de grandes empresas, sino de contribuyentes con rentas hasta 4 millones de euros, y de negocios de reducida dimensión.
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Una sentencia de la Sala de lo Social ha fijado esta doctrina, lo que supone la unificación de la prevención de riesgos en toda España y veta la pretensión autonómica de establecer un sistema propio de acreditación.
Las normas y previsiones que afectan a la prevención de riesgos laborales de la construcción son de ámbito estatal y las autonomías no pueden entrar a regular estas cuestiones porque el convenio estatal del sector prevalece en cualquier caso.
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El Ministerio de Trabajo urge a sindicatos y patronal a llegar a un acuerdo en el diálogo social antes de que finalice la próxima semana. Una de sus propuestas es ‘poner a cero’ el contador de las prestaciones por desempleo para los afectados por un ERE temporal de hasta 120 días.
Estamos entrando en el tiempo de descuento’, advirtió ayer el ministro de Trabajo a los agentes sociales. Celestino Corbacho les conmina a llegar pronto a un acuerdo en el marco del diálogo social. La recesión económica y la dramática tasa de paro requieren de medidas concretas e inmediatas, y el ministro sabe que aunque no haya acuerdo habrá que tomar una decisión. ‘Buscamos un consenso razonable’, avanzó, ‘pero el proceso no puede ser eterno y medidas habrá’. Por eso, su ministerio envío a comienzos de mes un documento, dirigido a patronal y sindicatos, en el que proponía una serie de actuaciones que aún se están negociando. Pero el plazo se agota y el ministro cuenta con lograr un pacto ‘esta semana o la siguiente’.
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, avisó el martes a los agentes sociales de que el tiempo para la negociación de las propuestas que se están debatiendo en la mesa de empleo del diálogo social se está agotando y que este proceso ‘no puede eternizarse’.
‘Estamos en tiempo de descuento, en la prórroga. Hay que decidir’, avisó Corbacho, que confió en que esta misma semana o a la sumo la próxima se haya cerrado el debate para que comiencen a implementarse las medidas discutidas, algunas de las cuales requerirán un desarrollo normativo.
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El Gobierno estudia una batería de reformas legislativas que afectarán a las leyes Concursal, Hipotecaria o de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de ‘facilitar la refinanciación de las empresas en dificultades’. Entre otras novedades, la reforma permitirá que el ministro de Industria determine el valor de una empresa en concurso, autorice su reflotación y la financie, directamente o a través de terceros.
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Los economistas lo tienen claro. La actual crisis debería ser aprovechada para acometer cambios que fortalezcan la economía a medio y largo plazo. En el caso de España, los expertos del IESE apuestan por reformas tributarias y laborales de gran calado, como apostar por un tipo impositivo único en el IRPF, IVA y sociedades.
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