Un total de 19.994 españoles han estado expuestos a los efectos nocivos que genera el amianto como consecuencia de que en sus trabajos se manejaba este mineral, fundamentalmente en los sectores de la construcción, industria y automoción, un manejo de esta sustancia que desemboca en una “alta probabilidad” de desarrollar cáncer en un futuro, según los datos del ‘Programa de Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto en España 2004-2007′.
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Los rumores que circulan por las empresas pueden hacer perder entre 2 y 3 horas de jornada laboral a los empleados.

Tanto es así, que en situaciones complicadas como expedientes de regulación de empleo (ERE) o suspensiones de pagos, la productividad de la compañía puede verse mermada en un 50%, según la consultora de recursos humanos Ábaco Siglo XXI.
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Favorece a Repsol Química, mientras que antes benefició a los empleados de Repsol Butano y Repsol YPF, lo que supuso a la compañía un desembolso de 48 millones de euros.

El Tribunal Supremo respalda la doble escala salarial que existe en Repsol Química y cambia el criterio que le llevó a anularla en Repsol Butano y Repsol YPF (Petróleo) –ver EXPANSIÓN de 7-05-2008 y 27-09-2008, respectivamente–, entre otros casos. El Alto Tribunal entiende que estas regulaciones diferentes se explican en el contexto de fusiones, los ERE y demás vicisitudes que ha atravesado la compañía –y que han “sufrido” los trabajadores de mayor antigüedad– a lo largo de su existencia, por lo que no vulneran el principio de igualdad, y que no tienen proyección futura sino que conservan unos importes pasados.
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Novedosa sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que avala el derecho de los trabajadores. Los trabajadores de la Unión Europea podrán obtener una compensación económica que deberá calcularse de tal modo que el trabajador ocupe una situación comparable a su contrato. El derecho a licencia por enfermedad y sus modalidades no se rigen por el Derecho Comunitario.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha manifestado que un trabajador no pierde el derecho a vacaciones anuales retribuidas que no haya podido ejercitar por causa de enfermedad grave. Los magistrados explican que, según la directiva europea sobre tiempo de trabajo, “el empleado debe obtener una compensación económica”.
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El Instituto de Crédito Oficial ha planteado al Gobierno la creación de una nueva línea de liquidez específica para empresas de más de 200 trabajadores y 50 millones de facturación, dotada con 6.000 millones de euros, y que sería aprobada por el Ejecutivo con carácter de urgencia en el Consejo de Ministros del viernes.
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El Ejecutivo estudia reformar la normativa sobre convenios anticipados. El actual sistema ha fracasado ya que sólo se benefician de él un 0,17% de las compañías en suspensión de pagos.

Las empresas españolas necesitan más salidas para sobrevivir al agravamiento de la crisis española. Con este objetivo, el Gobierno está estudiando reactivar los convenios anticipados con la banca –dentro de la reforma de la Ley Concursal–, en la actualidad una vía muerta para las empresas que caen en suspensión de pagos.
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El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha terminado de analizar el anteproyecto de la nueva Ley de Extranjería que le remitió el Gobierno a finales de 2008.

La valoración del máximo órgano de consulta del Ejecutivo en materia de inmigración no es nada complaciente. A pesar de que ve positivas algunas cuestiones, se opone frontalmente a las dos principales reformas que contempla el texto: la ampliación del plazo máximo de internamiento de sin papeles de 40 a 60 días y los límites a la reagrupación familiar.
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La legislación de protección de datos y la ausencia de criterios legales y jurisprudenciales para obtener con precisión las evidencias electrónicas hacen muy complicadas las investigaciones criminales en la red. KPMG y EXPANSIÓN inician un foro periódico al respecto. El primero ha tratado: “La prueba informática”.

La obtención de la prueba informática, su efectividad y la valoración por parte de los tribunales es uno de los problemas más acuciantes por resolver de cara al futuro en el ámbito del Derecho Penal. La legislación actual relativa a la protección de datos tiene elementos claramente desincentivadores para llevar a cabo investigaciones y tampoco existe una ley específica que resuelva la intimidad y del secreto de las comunicaciones en los nuevos fenómenos de internet, como Facebook o Tuenti.
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El Gobierno recuerda que las características en las que se “fundamenta” el sistema pasan por su carácter contributivo, la proporcionalidad de la prestaciones, la obligatoriedad de la afiliación y que el beneficiario realice una actividad remunerada.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración advierte de las “complejidad” que supondría arbitrar algún tipo de convenio especial para que el colectivo de las amas de casa obtenga el derecho a una pensión contributiva de la Seguridad Social, sin que conlleve la “desnaturalización” del propio sistema.
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El Ejecutivo concluye la negociación del acuerdo social y llevará al próximo Consejo de Ministros seis medidas contra el paro, además de una nueva línea ICO dirigida a compañías medianas. Las bonificaciones a empresas han dividido a sindicatos y patronal, que las califican de excesivas unos y de insuficientes otros.

El Gobierno entiende que ya ha habido suficiente debate’, afirmó ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en relación a las propuestas contra el desempleo que se han debatido en la mesa de diálogo social. ‘La valoración global es positiva’, dijo. Pero no se ha alcanzado acuerdo. Ni patronal ni sindicatos quedaron totalmente convencidos con un documento de medidas que, no obstante, se presentará al Consejo de Ministros el próximo viernes, y entrarán en vigor ‘en un par de meses’, según Corbacho.
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El Gobierno decide mantener las propuestas para reactivar el empleo pese a la reticencia sindical

A pesar de no contar con el apoyo total de los sindicatos, el Gobierno ha decidido poner en marcha un nuevo contrato para estimular la contratación de parados cuya principal novedad es que los empresarios tendrán una bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social hasta una cuantía igual a las prestaciones por desempleo (o subsidio) a que hubiera tenido derecho ese trabajador.
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Hacienda estudia eludir la aplicación de la sentecia del Tribunal Supremo que obliga a las empresas a incluir la cuantía de estas remuneraciones en los estatutos para que sean fiscalmente deducibles.

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Juan Carlos López-Hermoso, anunció ayer que la Agencia Tributaria prepara un documento en el que aclarará que la retribución de los administradores de una sociedad seguirá considerándose un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades.
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En los últimos doce meses 78.800 sociedades han dejado de nutrir con sus cotizaciones al sistema, circunstancia que no prevén los Presupuestos Generales del Estado.

La fumigación de sociedades amenaza con intensificar la tiritona de la debilitada Seguridad Social. Las empresas que se han ido quedando en la cuneta de la crisis, y que han causado baja en el sistema arrastrando consigo cientos de empleos, privarán al organismo de, al menos, 5.857 millones de euros en concepto de recaudaciones por cotizaciones sociales, un volumen suficiente para sufragar, por ejemplo, el gasto conjunto en pensiones no contributivas (1.995 millones de euros); permisos de paternidad y maternidad (2.293 millones); otras prestaciones familiares (1.000 millones) y la inversión en fármacos (87,7 millones).
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Los nuevos supermercados (hasta 2.500 metros de superficie comercial) que quieran abrir en España no necesitarán licencia del correspondiente Gobierno autónomo.

Asimismo, los centros superiores a esa superficie (los híper) tampoco tendrán -con carácter general- necesidad de licencia ni estarán supeditados a los requisitos de naturaleza económica que hasta ahora cada autonomía decidía a su albedrío. Así lo prevé el anteproyecto de la nueva Ley del Comercio. Tan sólo la protección del medioambiente, el entorno urbano y la protección del patrimonio histórico artístico serán los requisitos o argumentos para denegar una nueva apertura de un gran centro. Además, las licencias para los nuevos establecimientos se concederán de forma indefinida, según corroboraron fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que se intenta consensuar con las comunidades autónomas.
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La Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (ASNEPA) exige al Gobierno y la oposición una prestación por cese de actividad para todos los autónomos que han cesado en su actividad, tras conocer uno de los puntos clave de la Mesa de Seguimiento de Diálogo Social mediante el cual se podría duplicar el seguro de paro para los asalariados, pasando de dos a cuatro años.

Esta nueva propuesta ha causado gran malestar dentro de la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (ASNEPA). En este sentido, el presidente de ASNEPA, Pedro Mezquida, ha afirmado con rotundidad que “es una vergüenza que se plantee duplicar el tiempo de protección para los asalariados cuando los autónomos aún no tienen ni un solo mes de protección”.

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