La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles considera que es preciso adoptar medidas valientes e imaginativas para salir de la crisis. ¿El objetivo? Incrementar la eficiencia de empresas y empleados.
La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles apuesta por efectuar un cambio sustancial de la jornada laboral, para que sea más racional, flexible y humana, tal y como sucede en otros países europeos.
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Dentro del escaso margen de maniobra del que dispone en política fiscal, Esperanza Aguirre ha anunciado una importante reducción de impuestos, en el marco de un paquete de medidas anticrisis. Además, suprimirá la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció hoy una serie de reducciones fiscales, dentro de un próximo paquete de 49 medidas anticrisis, entre las que destaca eliminar el recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así como el aumento de un punto, hasta el 6%, del tramo autonómico de la deducción en el IRPF por compra de vivienda habitual para todos aquellos ciudadanos que adquieran su primera vivienda.
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En este caso se discute la validez de fijar un nuevo tiempo de examen para una trabajadora que había sido contratada previamente en la misma empresa, la cual había abandonado antes de superar este requisito.
La trabajadora fue contratada en una primera ocasión, pactándose un período de prueba no superado por la baja solicitada por la empleada. Tras unos meses, se la volvió a contratar, acordándose un nuevo tiempo de prueba. Poco después, la empresa le indicó la extinción de la relación laboral por no superarlo. La empleada demandó a la compañía por despido, entendiendo nulo el período de prueba.
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La actual regulación podría estar afectando de forma más negativa a las pequeñas empresas -menos de 10 empleados- que a las grandes, pese a que son las que más empleo neto generan, según advierte el último ‘Boletín Económico’ del Banco de España, que insta, por ello, a crear un “marco normativo adecuado”.
En un artículo sobre la creación de empleo de las empresas pequeñas, el banco emisor concreta que su acceso a la financiación puede resultar en ocasiones más complicado que en el caso de las sociedades de mayor tamaño.
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¿Cuál es la legalidad existente en relación a las grabaciones telefónicas a nivel de empresas (esto es, a los trabajadores, pero también con los clientes y proveedores)?
O tempora, o mores: el problema es la falta de educación. Aquellos que tenían que ser guía moral y ejemplo de virtudes, se dedican a publicar conversaciones ajenas, y luego pasa lo que pasa. Si algunos periodistas, cuya concepción de la convivencia y de la vida se basa en principios editoriales muy estrictos, no se plantean dilemas morales a la hora de publicar grabaciones telefónicas, qué se puede esperar del resto de la sociedad.
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