España y Rumania firmaron ayer dos memorandos de colaboración en materia de empleo y seguridad social, cuyo principal objetivo es la puesta en marcha de medidas que faciliten el empleo de los trabajadores rumanos que decidan retornar a su país.

Así lo acordaron en Bucarest el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y el ministro rumano de Trabajo, Familia y Protección Social, Marian Sarbu.
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Las empresas de Castilla y León que cometan infracciones muy graves en materia de riesgos laborales figurarán durante cinco años en un registro público de la Junta que se podrá consultar en Internet.

La Administración regional ha aprobado el decreto para aplicar en la comunidad la normativa estatal, de mayo de 2007.
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La Audiencia Nacional aprueba la doble escala salarial en CLH (Tierra), compañía que proviene de la liberalización de Campsa. Los tribunales favorecen así a la empresa ante la crisis y ante la necesidad de que pueda competir en el mercado.

A la crisis y a la necesidad de garantizar la viabilidad de las empresas para legitimar la doble escala salarial, los tribunales suman el fomento de la libre competencia. La Audiencia Nacional ha confirmado la doble escala de CLH-Compañía Logística de Hidrocarburos (Tierra), empresa que surgió de Campsa, lo que puede haber ahorrado a la compañía cerca de 24 millones de euros.
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Es el primer año para el irpf en el que no se presenta la declaración de patrimonio. Se incentivan las deducciones por Vivienda y las reducciones por rendimientos de trabajo.

La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2008 es la primera que se presentará sin tener que hacer lo propio con la del Impuesto del Patrimonio, ya que éste fue suprimido por la Ley 4/2008. En esta campaña, recién iniciada, ha tomado protagonismo la deducción de los 400 euros para quienes no se hayan aplicado la deducción durante el año pasado, pero habrá que prestar atención a más apartados; como las deducciones por la adquisición de vivienda o las reducciones por rendimiento de trabajo.
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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, formada por patronales empresariales, hace un llamamiento al conjunto de formaciones políticas para que apoyen en el Congreso la proposición de ley de CiU para reducir los plazos de los pagos.

Representantes de esta plataforma, que representa a 783.000 empresas, pymes y autónomos de toda España, se han reunido en la sede de Unió con el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, con quien han coincidido en la necesidad de reformar la actual ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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La Seguridad Social da la posibilidad de firmar convenios individuales.

Muchos trabajadores que se quedan en paro durante los últimos años de su vida laboral desconocen la posibilidad de seguir cotizando individualmente para mantener su nivel de aportaciones con el objeto de cobrar la pensión esperada. Para ello es necesario suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.
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Seguros sopesa el cambio de las normas de valoración de la inversión de los fondos de pensiones en renta fija. Ahora se aplica el precio de mercado, que podría cambiarse por el de vencimiento.

La Dirección General de Seguros y Pensiones, del Ministerio de Economía, estudia la posibilidad de modificar el sistema de valoración de las inversiones de los planes de pensiones para suavizar las pérdidas de estos productos. Esta iniciativa se incluye en un informe de la OCDE en el que se recogen las medidas tomadas por diversos países para analizar y afrontar los efectos de la crisis en los planes de pensiones.
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Uno de los factores que torpedean la liquidez de una empresa no sólo es la morosidad, sino también los retrasos en los pagos. Riesgo y Morosidad explica las ventajas de la factura electrónica para reducir los plazos de los cobros.

La factura electrónica es totalmente equivalente a una factura de papel “de toda la vida” y consiste en la transmisión de las facturas o documentos análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos y telemáticos, es decir, mediante un fichero electrónico y enviados de un ordenador a otro. Para dar validez a los ficheros informáticos, éstos han de ir firmados digitalmente con certificados electrónicos reconocidos.
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El Ayuntamiento ha presentado el proyecto de ordenanza que pretende regular la gestión y control de las licencias urbanísticas en la capital. Básicamente, lo que se busca es que más de la mitad de las nuevas actividades no requiera la necesidad de contar con una licencia para ponerse en marcha.

Bastará con una simple comunicación por parte del empresario. Se romperá así con la ordenanza de tramitación de licencias vigente desde hace cuatro años, con la que se unificaron las de obra y de actividad, previas a las de funcionamiento. De la nueva ordenanza quedan fuera, de momento, licencias para obras mayores como la construcción de viviendas.
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El Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial por la que se amplía el aplazamiento o fraccionamiento de pago de impuestos sin garantías a 18.000 euros desde los 6.000 euros anteriores.

De esta forma, la Agencia Tributaria y los órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal no exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de las deudas tributarias cuyo importe en conjunto no exceda de 18.000 euros.
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La Agencia Tributaria insta a combatir las sociedades que crean abogados, auditores o consultores y que sólo se usan, según la Inspección, para pagar menos impuestos por su remuneración.

Una nota recién remitida por la Agencia Tributaria ha abierto la veda. El texto del documento, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, asegura que “el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria está detectando la utilización indebida de ciertos mecanismos por parte de algunos profesionales, con el objeto de minorar la base imponible susceptible de ser gravada”.
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó un informe sobre el Anteproyecto de la Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno en el que recomienda al Ejecutivo que modifique la redacción del artículo 53.2C del Anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que tipifica como “falta grave” la acogida de un inmigrante en situación irregular, al entender la actividad de las ONG que atienden a estas personas podría considerarse una infracción.

El citado artículo 53.2 del anteproyecto tipifica como “falta grave” el “promover la permanencia irregular en España de un extranjero” entendiendo que ello se produce cuando éste “dependa económicamente del infractor más allá del periodo legalmente previsto” para su estancia en el país.
“Con el fin de que no pueda incluirse como conducta infractora la actividad puramente solidaria de aquellas entidades que, sin ánimo de lucro, dedican su actividad a la atención social de los inmigrantes, debería examinarse la posibilidad de excluir de este tipo a esos actos de hospitalidad”, señala el CGPJ.
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Los especialistas en la materia reunidos ayer en una jornada organizada por Broseta Abogados y APD para analizar la reforma han señalado también la mayor idoneidad de la Ley para grandes organizaciones y una mayor dificultad en la aplicación a las pequeñas empresas.

Expertos magistrados mercantiles y abogados han analizado la reforma de la Ley Concursal realizada a través del RDL 3/2009, específicamente en lo que concierne al régimen de las refinanciaciones en situaciones de pre-insolvencia. En la jornada se ha puesto de manifiesto las dificultades que rodean la aplicación de la reforma, estableciendo requisitos excesivamente estrictos para el acceso a las refinanciaciones y prestándose a múltiples interpretaciones por los magistrados.
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