Los contratos de corta duración pero en total superiores a un año dan derecho a cobrar prestación por desempleo. Se estudia el caso de un trabajador que la solicitó estando en esta situación, pero le fue denegada por el Servicio Público de Empleo.

El trabajador suspendía en ocasiones el cobro de su prestación por desempleo porque desarrollaba trabajos intermitentes de corta duración. Solicitó un nuevo subsidio de paro por haber cotizado durante más de un año, pero el Servicio Público de Empleo denegó su solicitud porque no se trataba de un único contrato superior al año.
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Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia sobre una cuestión recurrente, acerca de la cual el propio Alto Tribunal no ha seguido un criterio constante. La sentencia es la de 25 de marzo de 2009 (recurso de casación nº 4608/2006) y la cuestión la relativa a las consecuencias de la falta de consignación en la autoliquidación de cuotas de IVA en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de las operaciones.

En tal caso, se ha venido discutiendo primero la propia legalidad de exigir tales cuotas sin deducción de las mismas cantidades en concepto de IVA soportado, entendiendo la Administración tributaria que esta deducción sólo puede practicarse en periodos de declaración posteriores a la propia regularización. Además, aun aceptada la solución anterior, se ha cuestionado la procedencia de exigir intereses de demora desde que debieron incluirse las cuotas en la autoliquidación hasta la regularización, aunque en realidad de haber actuado correctamente la empresa ésta habría podido deducirse esa cantidad en el mismo periodo sin verse obligada a ingresar ninguna cantidad adicional, siempre en el caso de que tuviera derecho a la deducción plena del IVA soportado.
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La sentencia de 21 de julio de 2008 del Tribunal Constitucional supuso un cambio de doctrina muy sonado al establecer la nulidad automática de todo despido de una embarazada, aunque el empresario desconociera el estado de gestación de la trabajadora.

Desde entonces ha habido algunas voces discrepantes. La última se ha producido en el seno del propio Tribunal Constitucional. El magistrado Vicente Conde Martín de Hijas ha emitido un voto particular contra la última sentencia de 18 de mayo, que corrobora el reciente criterio jurisprudencial, y de la que curiosamente ha sido ponente.
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El Ejecutivo achaca esta reducción a las actuaciones de control que realiza la Seguridad Social entre los trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal

Los procesos por incapacidad temporal se redujeron un 11,52% en 2008 con respecto al ejercicio anterior, hasta los 2,59 millones, lo que supone el menor nivel desde 2004, cuando se alcanzaron los 2,37 millones de casos, según datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada ‘popular’ Inmaculada Bañuls, a la que tuvo acceso Europa Press.
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La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) propone un aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 70 años para mantener el sistema de pensiones. Dicha entidad recomendó hace poco al Gobierno que subiera los impuestos.

Según el informe La reforma de la Seguridad Social , incluido en el boletín económico de mayo-junio de FUNCAS, la fundación de las cajas aboga por una reforma “profunda” de las cotizaciones a la Seguridad Social, cuyo coste podría ser compensando con un “moderado” aumento de los tipos del IVA.
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El plan de Hacienda de podar la deducción afectará a la mayoría de perceptores. La gran promesa electoral de Zapatero en 2008 se diluiría, ya que nunca benefició a rentas medias y bajas.

El Gobierno ya no niega que ha puesto bajo estudio el cheque 400 euros. Un pago, que, pese al nombre –bautizado así originalmente por el anuncio electoral del presidente Zapatero, en el que aseguró que todos los pagadores del IRPF cobrarían 400 euros– es realmente una deducción fiscal y no un cheque. Y cuenta con todas las papeletas para convertirse en uno de los próximos episodios de subida de impuestos de este Gobierno.
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El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la reforma de la Ley de Extranjería, que incrementa el periodo de internamiento máximo de 40 a 60 días, permite el reagrupamiento por razones humanitarias a los ascendientes menores de 65 años y otorga a las extranjeras maltratadas un permiso de residencia especial.

El texto legislativo que hoy aprobó el Ejecutivo y que próximamente pasará el trámite parlamentario ha sido sometido a consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, al Consejo Económico y Social y al Consejo Fiscal.
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El Gobierno ha propuesto a patronal y sindicatos la creación de una nueva prestación de 420 euros durante seis meses para aquellos desempleados que han agotado el cobro de las contributivas y asistenciales.

Fuentes cercanas a la negociación confirman que el Ejecutivo ha enviado un borrador a CEOE, CCOO y UGT con sus propuestas para alcanzar el acuerdo en el diálogo social entre las que se incluyen la citada propuesta.
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Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión del Congreso de los Diputados para el seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo empezarán a redactar sus propuestas para la reforma del sistema de pensiones a finales de octubre, una vez concluyan las comparecencias en relación con esta materia.

Así lo señalaron a Europa Press fuentes parlamentarias, que explicaron que la previsión que maneja la Comisión para el próximo periodo de sesiones de la Cámara Baja, que comenzará en septiembre, es cerrar el último tramo de comparecencias escuchando a catedráticos y colectivos de pensionistas, que se prolongarían hasta las últimos días de octubre.
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La crisis hace surgir empresas que buscan ayudas públicas para otras.

Es más complejo saber qué subvenciones puede recibir tu empresa que establecer su planteamiento fiscal”, asegura Alberto Martín Padrón, que se especializó en lo segundo trabajando en una gestoría hasta que decidió dedicarse a conseguir el máximo de ayudas para sus clientes. Martín es director gerente de Subvenciona, una joven empresa madrileña que en el primer trimestre de 2009 ha visto como se triplicaba el número de compañías que buscan dinero público. No sólo eso, si en un comienzo los interesados eran emprendedores y pymes, la crisis ha llevado a las grandes empresarios del país a participar en la caza mayor de subvenciones.
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Los economistas asesores fiscales advierten de que se trata de la primera declaración con el nuevo Plan Contable y proponen algunas modificaciones en el Impuesto sin perder de vista el déficit fiscal.

Como otros años, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) elabora un documento de ayuda a la Campaña de Sociedades 2008 en el que se resaltan las novedades, que este año son muchas tanto desde el punto de vista normativo como formales, se ponen de manifiesto importantes aspectos prácticos que no se pueden olvidar y se hacen algunas propuestas para mejorar el tributo en la delicada situación económica en la que nos encontramos.

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El secretario general de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Alejandro Couceiro, ha presentado este miércoles la Guía práctica de gestión de crédito, con el objetivo de contribuir a reforzar la capacidad de actuación de las empresas ante situaciones como las actuales.

Durante la presentación de esta guía, el secretario general de CEIM, Alejandro Couceiro, aseguró que “la crisis ha demostrado que las empresas y, especialmente, las pymes se están viendo muy afectadas por las pérdidas derivadas de impagos”.
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La declaración del impuesto de sociedades, la principal fuente de ingresos del Estado tras el IRPF y el IVA, presenta este año importantes novedades que provocan no pocos quebraderos de cabeza en los despachos fiscales.

Los asesores deben lidiar con los cambios ligados al nuevo Plan General Contable y, si ello no fuera bastante, el nuevo modelo de declaración -el 200- no apareció en el BOE hasta el 30 de mayo. Un fecha tardía si se tiene en cuenta que la mayoría de empresas debe presentar la declaración entre el primero de julio y el 27 del mismo mes.
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En este momento de crisis económica cualquier alivio de carácter fiscal es bien recibido por los consumidores, máxime si el mismo tiene como destinatarios a los deudores hipotecarios que, ante la falta de capacidad económica, solicitan a su entidad financiera modificar un préstamo con garantía hipotecaria.

Así lo ha entendido la Dirección General de Tributos que ha declarado en una consulta, de 10 de junio, que la escritura pública que refleja la modificación del periodo de revisión del tipo de interés de un préstamo hipotecario estará exenta del pago de la cuota gradual de Actos Jurídicos Documentos, documentos notariales (AJD), del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) alertó hoy de que más subidas de impuestos generarían un “daño irreparable” en el tejido empresarial español, perjudicando la ya de por sí “abusiva” situación que soportan las micropymes y las pequeñas empresas.

En un comunicado, consideró que, en la actualidad, tanto el Impuesto de Sociedades como el IRPF para empresarios representan los tipos impositivos “más altos” de Europa, a lo que hay que añadir la nueva subida y las obligaciones e imposiciones de información y los tiempos para la confección de los impresos e impuestos.
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Así lo precisa el primer ‘Indicador de Flexiseguridad Laboral’ (IFX) elaborado por la Asociación de Grandes Empresa de Trabajo Temporal (AGETT) en colaboración con el Centro de Predicción Económica (Ceprede) de la Universidad Autónoma de Madrid.

España ocupa los últimos puestos de Europa en ‘flexiseguridad’, entendida ésta como la combinación de mayores facilidades de contratación, un nivel alto de protección social y una alta rotación laboral, y debería tender a este modelo de mercado laboral para afrontar la crisis y cumplir los objetivos de Lisboa, empezando por mejorar los niveles de formación continua.
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