Las empresas deben apostar por un buen plan de incentivos que motive a su personal en los momentos de dificultades. No es sólo una cuestión económica, sino de apoyo, de una buena comunicación y de otros aspectos no retributivos que premien el buen trabajo.

Que la motivación no decaiga en los empleados, a pesar de la crisis y sus consecuencias negativas. Ésta debería ser una máxima en las organizaciones, que por culpa de la situación económica deben tomar decisiones drásticas, como un recorte de plantilla. Una acción que generalmente se resuelve en un proceso largo que mina el ánimo del personal y lastra el trabajo de los profesionales.
El desconocimiento y la incertidumbre que generan la nueva situación deriva en un miedo que paraliza al trabajador. Así, las empresas deben buscar maneras de incentivar a los empleados para que no disminuya su productividad en los momentos difíciles.
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Tras eliminar la deducción fiscal por compra de vivienda, Economía estudia ahora restaurar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para patrimonios superiores a los 10 millones de euros. Por debajo de esta cantidad, las familias quedarían exentas del pago.

El Ministerio de Economía y Hacienda está estudiando la posibilidad de declarar exentos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones los patrimonios inferiores a 10 millones de euros, con la finalidad de igualar la tributación en todas las comunidades autónomas, según Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC).
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Las escrituras públicas en las que se formalice o se amplíe un periodo de carencia para un préstamo hipotecario estarán exentas de tributar por el impuesto sobre los actos jurídicos documentados, lo que facilitará los procesos de refinanciación hipotecaria que han proliferado con la crisis, según informó ayer el Colegio de Registradores de la Propiedad.

Y es que la crisis económica explica que la morosidad de los hogares en los créditos por adquisición de vivienda se haya disparado desde niveles por debajo del 1% al 2,36%, según el Banco de España. Las entidades financieras, en su intento por evitar las ejecuciones hipotecarias masivas, están optando mayoritariamente por conceder moratorias que se articulan como periodos de carencia, durante los cuales el titular del préstamo deja de pagar las cuotas con el consentimiento de su banco o caja.
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Los expedientes de regulación de empleo varían en cada país. Las multinacionales deben ajustarse a esas diferencias.

Una multinacional que pretende realizar un despido colectivo o un expediente de regulación de empleo en varios países tiene que estudiar con cuidado la legislación de cada uno, pues pese a los intentos de la UE por homogeneizar las regulaciones, todavía tienen importantes diferencias. En la mayoría de los países europeos se aplica simplemente la directiva europea, que obliga a la empresa a notificar a los empleados y a las autoridades su intención de realizar el despido, después de que haya negociado con los trabajadores. A partir de ahí llegan las particularidades.
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Más del 60% cree que la caída del PIB será superior al 3%. Respaldan una reforma fiscal que suba el IVA y baje cotizaciones.

Los expertos, analistas y empresarios también quieren ver brotes verdes en la economía. Según el Consenso Económico de Pricewaterhouse Coopers (PwC), un 30% de los encuestados cree que la situación va a ir a peor en los próximos meses, cuando hace un trimestre era el 58% quien hacía un augurio tan malo.
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La prevención de riesgos laborales es un tema de actualidad que también afecta a las comunidades de vecinos. El hecho de que sean entidades sin ánimo de lucro no les exime de cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, estando expuestas a posibles sanciones en caso de incumplimiento que podrían llegar a los 600.000 euros, según datos del Instituto Madrileño de Formación.

La responsabilidad que tenga la comunidad en la materia dependerá en gran medida de la figura legal que adopte. De esta manera nos podemos encontrar con las siguientes variables: que la comunidad de vecinos se convierta en empleador respecto del conserje, limpiadoras, jardineros, etc. que tengan contrato laboral con ella por cuenta ajena, por lo que actúa como empresario y tendrá las mismas obligaciones que cualquier otra empresa; o que la comunidad subcontrate con otras empresas.
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El Gobierno ha comunicado al Defensor del Pueblo, que expuso un informe sobre la demora en la tramitación de las solicitudes de prestaciones por desempleo y sobre las largas colas que se esperan, que las oficinas de empleo abrirán por la tarde. Además, se ha dado a conocer que nueve de cada 10 demandantes de empleo durante 2008 fueron españoles.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron que esta medida se está tramitando y negociando con todos los implicados, incluidas las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias, para ver de qué forma podría articularse. En su último informe, el Defensor del Pueblo dejó constancia del “incremento notable” de las quejas recibidas por su institución por la excesiva demora en la tramitación de las solicitudes de prestaciones y subsidios por desempleo y por las largas colas que se forman en las oficinas.
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Los accidentes de tráfico son la causa de entre 2,5 y 4,5 millones de días de baja laboral al mes en España, según recoge la Memoria Social del Seguro Español que edita la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA). Sólo en 2008, los días de baja con afectación laboral abonados por las aseguradoras superaron los 22 millones.

De acuerdo a las estimaciones de la patronal, con el gasto que suponen los accidentes de tráfico se podría pagar al año a 90.750 trabajadores al año. De hecho, con lo que cuestan al año a la sociedad los accidentes que impiden a la víctima trabajar, pero que no necesitan ser hospitalizados, se podría pagar el sueldo a 88.500 personas.
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Las horas de trabajo perdidas por huelga ascendieron a más de 12,6 millones durante el primer cuatrimestre del año, lo que supone un descenso del 12,2% respecto a igual periodo de 2008, según el último informe sobre conflictividad laboral elaborado por la CEOE.

Entre enero y abril se contabilizaron 364 huelgas, un 9% más, que afectaron a empresas y sectores con un total de 261.417 trabajadores censados, de los que 87.974 resultaron directamente implicados, un 11,3% menos que en los primeros cuatro meses de 2008.
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