Una sentencia del Juzgado de lo Social número 30 de Madrid ha dado un impulso a los derechos laborales frente al acoso sexual en el trabajo.
El juez José A. Folguera Crespo concluyó el 7 de mayo que la depresión de una limpiadora, Purificación González Oliva, de 32 años, se debió al acoso de un compañero de trabajo de la empresa Plásticos Bandrés, reconociendo su baja médica como accidente laboral, categoría que se suele dar únicamente a los daños físicos.
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La nueva normativa antifraude ha abierto una peligrosa ventana a la Agencia Tributaria. Los profesionales que cobran a través de sociedades pueden enfrentarse a pagos de hasta el 65%. El Fisco revisará los impuestos de abogados, consultores y arquitectos, entre otros.
Los anuncios de subida de impuestos del Gobierno y los aldabonazos lanzados ya por la Agencia Tributaria contra las sociedades a través de las que cobran los profesionales se han unido en una legislación que amenaza con convertirse en el peor susto del verano de abogados, auditores, ingenieros, consultores, arquitectos y todo el resto de profesiones libres que facturan sus servicios como sociedad.
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a quien incite y apoye la inmigración ilegal pero no a quien acoge con fines humanitarios a los sin papeles.
El Gobierno ha aprobado este viernes un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a quien incite y apoye la inmigración ilegal, pero no al “acogimiento humanitario”, y que amplía el plazo de internamiento a 60 días, pero aumenta las garantías y garantiza el apoyo de las ONG.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios recurrió este viernes la decisión del Ministerio de Economía de no ampliar al 30 de septiembre de 2009 el plazo voluntario para la presentación del Impuesto sobre Sociedades.
La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Aedaf) anunció su intención de no colaborar con el Ministerio de Hacienda en la gestión de los impuestos mientras no amplíe el plazo de presentación del Impuesto de Sociedades, al considerar que los cambios normativos y las nuevas exigencias contables hacen necesario ampliar hasta el 30 de septiembre dicho plazo desde el 27 de julio actual.
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Un trabajador estuvo en situación de incapacidad temporal por enfermedad común durante 14 meses. Su reincorporación se produjo el 16 de diciembre de 2008. Una vez incorporado a su actividad laboral solicitó por escrito que se le concedieran a partir del 23 de diciembre las vacaciones que no había disfrutado en 2008.
La empresa no contestó a la reclamación, y al no poder disfrutarlas en 2008, el empleado propuso disponer de estas vacaciones en marzo de 2009. La empresa se opuso argumentando que no se le podía reconocer ese derecho “al haber caducado por tener que disfrutarse dentro del año natural”.
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La Comisión Europea ha propuesto hoy la creación de un nuevo instrumento de microfinanciación que ofrezca microcréditos a pequeñas empresas y a gente que haya perdido su trabajo y desee establecer un pequeño negocio propio.
El instrumento de microfinanciación contará con un presupuesto inicial de 100 millones euros, que podría movilizar más de 500 millones EUR en una iniciativa conjunta con instituciones financieras internacionales, en particular el Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI). El nuevo instrumento constituye una de las acciones anunciadas el 3 de junio en la comunicación de la Comisión “Un compromiso compartido en favor del empleo”.
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Los tribunales, generalmente, están dando la razón a los comités de empresa y sindicatos: las empresas, dicen los tribunales, deben respetar lo pactado, al margen de su situación económica.
La recesión está teniendo efectos devastadores sobre la negociación colectiva. Cientos de convenios son hoy papel mojado por la negativa de los empresarios a cumplir lo pactadoen lo referente a la revisión de los salarios para adecuarlos al coste de la vida. El argumento que esgrime la patronal es bien simple: la situación económica se ha dado la vuelta y muchas de las empresas afectadas por esos convenios no están ahora en condiciones de pagar los incrementos salariales acordados en su día, por lo que sólo tiene dos opciones: o pagar lo pactado tras la firma del convenio colectivo o hacer el ajuste vía despidos para compensar los mayores costes salariales.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama al Ministerio de Economía rebajas fiscales y que suavice las obligaciones formales para presentar el Impuesto de Sociedades ante el escenario de crisis económica y de incertidumbre en la interpretación de las recientes reformas legales aprobadas que afectan a la contabilidad y a la fiscalidad de las empresas.
Juan Carlos López-Hermoso, presidente de Aedaf, advirtió ayer de que los asesores fiscales están “comprobando un incumplimiento generalizado y material de las obligaciones”, tanto las que afectan a la contabilidad como al Impuesto de Sociedades.
La obligación que tiene la empresa con los representantes de los trabajadores de facilitarles información sobre los salarios de los trabajadores no incluye dar datos sobre las retribuciones mensuales de la plantilla ni tampoco las actualizaciones de los salarios del año en curso.
Por el contrario, es suficiente con entregarles la copia básica de los contratos y suministrarles información detallada por categorías y departamentos, a no ser que el convenio colectivo de aplicación amplíe los derechos que tienen los representantes, según ha sentenciado el Tribunal Supremo (sent. del TS de 19.02.09).
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El Gobierno quiere que el diálogo social revise el sistema de bonificaciones al empleo fijo, según se desprende de una enmienda socialista al proyecto de ley de medidas urgentes para crear y mantener empleo. Justifica esta revisión porque las ayudas vigentes surgieron en 2006, con la economía en expansión.
El Gobierno impulsará, en el marco del diálogo social, la elaboración de un nuevo Programa de Fomento del Empleo”. Este es el texto de una de las enmiendas que del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado al proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo y protección a las personas desempleadas, aprobadas en marzo por decreto por el Gobierno, sin el consenso de los agentes sociales, y que actualmente se tramita en la Cámara Baja.
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El diálogo social que ultima CEOE con los sindicatos CCOO y UGT excluye a las microempresas y a los autónomos y solo afecta a las medianas o grandes empresas según el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
Así lo expresó Amor en referencia al borrador del documento que ha enviado el Gobierno a la patronal y los sindicatos mayoritarios con sus propuestas sobre el empleo y la protección a los desempleados, que mañana se seguirá discutiendo en la reunión prevista de diálogo social en el Ministerio de Trabajo.
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Los tribunales son la única salida para los dependientes que solicitan ayudas y le son denegadas por las comunidades, pero la solución a sus demandas tardará más de dos años.
La Ley de Dependencia, aprobada a fines de 2006 como el mayor progreso en la asistencia social de nuestra historia, ha resultado un fiasco, al confiarse su aplicación a las Comunidades Autónomas, que en su mayoría se niegan a ponerla en práctica. La solución para las familias afectadas, en opinión de los expertos, es denunciar a las CCAA. Pero sólo los Tribunales Superiores de las Comunidades pueden dirimir esos juicios, y habrá que esperar hasta 2011 para que ver sentencias favorables a los afectados.
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El 90% de las empresas sufren retrasos en el cobro de las facturas y el 65% de las pymes están en una situación de riesgo importante por las pérdidas derivadas de los impagos, según el estudio Índice de riesgo elaborado por Intrium Justitia.
En términos generales, las pérdidas por impago en Europa se han incrementado hasta el 2,4% en el último año, lo que supone que para compensar estas pérdidas habría que contar con una inyección económica de 270.000 millones de euros.
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto en marcha una lista en la que cualquiera puede apuntarse para dejar de recibir publicidad por teléfono o internet. Las empresas estarán obligadas a consultarla, y a pagar por hacerlo.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado un servicio de Lista Robinson por internet que permite a los consumidores inscribirse para no volver a recibir comunicaciones comerciales no deseadas por correo, teléfono fijo o móvil, e internet.
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La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado ayer con competencia legislativa plena el proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios, que plantea el desahucio en un plazo “no superior a 15 días y sin ulteriores trámites”, en el caso de que los inquilinos no cumplan con el periodo acordado para el desalojo voluntario tras la sentencia judicial pertinente.
Este texto refundido integra el proyecto de ley de fomento del alquiler de viviendas aprobada por el Gobierno a finales de 2008 y la proposición de ley de CiU de modificación de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procesos de desahucio. La norma seguirá a partir de ahora su tramitación en el Senado.
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