El Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde por 180 votos a favor a la reforma de la Ley de Extranjería, con el respaldo del Grupo Socialista, CiU y Coalición Canaria y la oposición del resto de la Cámara (163 votos en contra y 3 abstenciones), incluido el PNV, que finalmente no apoyó el texto porque no incorporó su propuesta de establecer un reparto ponderado de los menores inmigrantes desamparados entre las comunidades autónomas.

La nueva ley ampliará a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género, refuerza las competencias de las autonomías sobre la extranjería y endurece las sanciones para quienes promuevan la inmigración irregular o el tráfico de personas, entre otras medidas.
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“Necesitamos un contrato de crisis, y ya hablaremos después del despido, cuando hayamos superado la situación de emergencia”. Esa es la principal demanda de Sagardoy Abogados para hacer frente a la crisis laboral que azota las plantillas en España.

“Parece increíble que en una situación de absoluta emergencia estemos hablando del sexo de los ángeles y de que hay que hacer reformas estructurales”, argumenta Juan Antonio Sagardoy. “Necesitamos una reforma urgente que dé facilidades para contratar. No hay una prisa exagerada para hacer una reforma del despido o de la movilidad. Estamos ante una ruina absoluta del empleo, con las plantillas sangrando, y las empresas necesitan un instrumento por un año o dos para contratar con facilidad y en condiciones inferiores a las que hoy recoge la ley. Luego ya hablaremos de las reformas estructurales, del coste del despido y todo eso. Tenemos la enseñanza del contrato de fomento de empleo en los 80, que creó dos millones de empleos. ¿Eso es malo; eran empleos indignos acaso? Pero no tengo la sensación, ni nadie la tiene, de que estén reunidos para esto en el año y medio que llevamos llorando y que la gente se va a chorros de las empresas”.
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Se considera discriminatorio, y por tanto, nulo, el despido de los representantes de los trabajadores cuando sólo se les despide a ellos y no a todos los que han participado en un piquete que haya realizado conductas abusivas durante una huelga (sent. del TSJ de Galicia de 20.06.09).

Los representantes de los trabajadores de una compañía del sector metalúrgico en la que se vivía desde hacía tiempo una situación conflictiva por la negociación del nuevo convenio colectivo convocaron una huelga. Durante el transcurso de ésta, organizaron un piquete informativo que trató de impedir el acceso a los trabajadores que no querían secundarla. Entre otras actuaciones, humillaron a un trabajador que intentó entrar al centro de trabajo, pasándole una cuerda alrededor de su cuerpo mientras le decían palabras ofensivas, lanzaron petardos a los trabajadores, les aproximaron bengalas y se dirigieron de un modo claramente vejatorio e intimidatorio a los que querían entrar al centro de trabajo, dañando además su vestuario de trabajo.
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Según señala su presidente Víctor Delgado: “el gran problema de nuestro colectivo empresarial, que supone el 80% del PIB y el 70% del empleo total, es la falta de financiación por el colapso total del sistema financiero. Las microempresas reclaman que el mercado potencia una contratación distinta y unos costes laborales más ajustados de los actuales

“En el plano fiscal es fundamental hacer un estudio profundo de los impuestos que gravan a la microempresa; frenar la futura subida del IVA y adecuar el IRPF y el Impuesto de Sociedades a estos colectivos”, añade la patronal.
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, abogó ayer en el Congreso por abrir una “reflexión” para “mejorar” los contratos de formación y contratos en prácticas el contrato de formación, valorando sus elementos positivos que deben corregirse para cumplir mejor con el objetivo de facilitar la contratación sin perder de vista la función de formación y hacerlo “más atractivos” para las empresas.

En este sentido, admitió que es “un poco farragoso”, especialmente para las pymes, que “desanima” incluso su aplicación. “De ellos estamos hablando con los sindicatos, aunque no se ha concretado nada”, señaló. Asimismo, se refirió también a las becas, que a su juicio, “encubren muchas veces una relación contractual”.
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La euforia con la que la responsable de Economía, Elena Salgado, presentó el denominado “contrato alemán” como remedio para contener el paro ha perdido decibelios de intensidad. El Ministerio que dirige Celestino Corbacho no dudó en unirse a la propuesta.

Sin embargo, las expectativas generadas en torno a esta herramienta se desinflan por momentos. Junto a los recelos que han mostrado los principales laboralistas, se une ahora el escepticismo de técnicos del Ministerio de Economía, que señalan que la medida “carece de lógica” para el caso español.
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La Audiencia Provincial de Madrid anula un laudo porque estima que los árbitros no eran competentes para decidir sobre la controversia. La empresa que inició el arbitraje pretendía resolver el contrato y que la rival le pagara 2 millones de euros.

Las empresas deben extremar el cuidado en la redacción e interpretación de las cláusulas arbitrales incorporadas a los contratos. Si no lo hacen, los tribunales anulan los laudos dictados al amparo de aquellas cláusulas cuando aprecian la falta de competencia de los árbitros para decidir la controversia.
Así ocurre en el presente caso, en el que la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado un laudo en el que los árbitros se declaran competentes para decidir una determinada disputa, al estimar que la cuestión litigiosa no ha sido sometida a arbitraje según el tenor literal de la cláusula arbitral. El objeto de la controversia no entra dentro de la cláusula de arbitraje.
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A medida que avanza el paro hacia los 4,5 millones de personas, el Gobierno va convenciéndose de la necesidad de hacer una reforma laboral, aunque, todavía, no sepa exactamente qué hacer.

En este contexto, y para intentar frenar la actual oleada de despidos la vicepresidenta económica, Elena Salgado, está dispuesta a discutir la propuesta de CCOO de reducir la jornada, con una parte del salario subvencionado por la Administración. Lo que algunos han descubierto ahora como el modelo alemán lleva cuarenta años aplicándose en España, aunque con poco éxito, según asegura Juan Antonio Sagardoy, promotor del actual Estatuto de los Trabajadores y presidente de Sagardoy Abogados.
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El Estado registró un déficit de 59.310 millones de euros hasta octubre en términos de Contabilidad Nacional, el 5,63% del PIB, frente al déficit de 8.501 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Es decir, se ha multiplicado casi por siete.

No obstante, el importe total del déficit en los diez primeros meses fue inferior al contabilizado al cierre de septiembre, que ascendía a 62.780 millones de euros y que suponía el 5,96% del PIB, tres décimas más que actualmente.
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El Tribunal de Justicia de la UE considera que España ha incumplido la normativa comunitaria al eximir del IVA a los servicios de liquidación y recaudación de impuestos prestados por los registradores de la propiedad a una Comunidad Autónoma.

En una sentencia hecha pública hoy, el Tribunal ha dado la razón a la Comisión Europea (CE), que acusó a España de no respetar las leyes comunitarias al permitir que las funciones que los registradores de la propiedad desempeñan como titulares de una oficina liquidadora no estén sujetas al IVA. En algunas comunidades autónomas, los registradores prestan servicios de liquidación y recaudación de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimoniales, ejerciendo como liquidadores titulares de oficinas liquidadoras.
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Los expertos estiman que habrá que esperar a 2011 para que la recuperación económica sea una realidad. Pero ahora no se trata de esperar, sino de reaccionar y sacar ventaja a la competencia.

Los surfistas australianos aseguran que para coger bien la tercera ola hay que superar holgadamente la primera y superar las dificultades de la segunda. Nic Rixon, consejero delegado de Shirlaws Iberia, puso este ejemplo para explicar que si las empresas no cogen la primera ola no superarán la tercera y, por lo tanto, no lograrán salir de la crisis.
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Para el titular del juzgado, esta exigencia constituye “una violación del derecho a la libertad sindical” además de suponer una medida “arbitraria” por “imponer un control patronal” sobre el “disfrute” de ese derecho.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Bilbao ha anulado la resolución de la Alcaldía de Getxo sobre el uso del crédito horario sindical que, entre otros aspectos, obligaba a comunicar la utilización de horas sindicales por escrito y con dos días de antelación.
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La Audiencia Nacional respalda que las empresas puedan reclamar a sus trabajadores la devolución de retribuciones abonadas a cuenta por este concepto.

La Audiencia Nacional, en una reciente resolución, ha considerado ajustada a Derecho la práctica llevada a cabo por determinadas empresas del sector de las comidas preparadas para su venta a domicilio de descontar de los salarios de sus trabajadores lo que habían cobrado de más por haber resultado finalmente el IPC real inferior al previsto por el Gobierno para el ejercicio 2008.
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Las empresas no sólo tendrán que pelear contra el fuerte deterioro económico y las subidas fiscales presentes y venideras. Además, acaban de confirmar el deseo firme de Hacienda de cobrar ya parte de las subidas tributarias provocadas por la reforma contable vigente desde el año pasado y que las compañías pactaron con el propio Gobierno diferir a lo largo de 2008, 2009 y 2010.

La entrada en vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad, el pasado 1 de enero de 2008, provocó que las cotizadas tuviesen que abordar infinidad de cambios contables que, a su vez, se tradujeron en importantes modificaciones fiscales. Nuevas valoraciones de activos, pérdidas de deducción fiscal por provisiones y otras variaciones provocaron que la traducción de todos estos cambios para las compañías fuese literalmente un mayor pago de impuestos.
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Los autónomos tienen que demostrar la pérdida de un 40% de la actividad. Las organizaciones confían en que el trámite parlamentario mejore la prestación.

Los autónomos tendrán derecho a cobrar el desempleo. La medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros ha sido recibida con fuertes críticas de las organizaciones de autónomos. “Queremos cotizar más para poder recibir más”, afirma el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
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La crisis a la que se está enfrentando el país está trayendo consigo una sorprendente caída de la demanda interna y externa que está llevando a las empresas a tener que hacer importantes reestructuraciones en sus plantillas, no solo con el objeto de ser competitivas sino también para asegurar su viabilidad futura.

Un expediente de regulación de empleo de suspensión de relaciones laborales es una de las “herramientas” jurídicas más utilizadas para afrontar los efectos negativos de la crisis, dejando atrás el debate sobre si, en todos los casos, es la más adecuada.
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