La reforma de las pensiones planteada por el Gobierno al Parlamento, la patronal y los sindicatos afecta, y castiga, a todo el mundo. A los asalariados, los pensionistas, las empresas y a los autónomos. Castiga porque se trata de una reforma de calado y, en ese sentido, pretende poner orden en el sistema de protección social durante un largo periodo.
Sintetizamos desde WorkPress las puntualizaciones y matices que durante estos días han ido publicando diversos medios.
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El Ministerio de Economía y Hacienda aplicará finalmente una rebaja del 5% del rendimiento neto de módulos en 2009 y 2010 para aquellos autónomos y pymes que declaran por el método de estimación objetiva.
La medida es consecuencia de los acuerdos adoptados en la Mesa del Trabajo Autónomo y debido al descenso de la actividad económica derivado de la crisis, según la orden ministerial aprobada por el departamento de Elena Salgado.
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El Consejo de Ministros analiza hoy una ambiciosa propuesta para reformar el sistema de pensiones. A fin de garantizar la sostenibilidad futura de las cuentas de la Seguridad Social, el Gobierno apuesta por retrasar progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años.
Los trabajadores que cotizan hoy no tienen asegurado que vayan a recibir mañana pensiones equiparables a las actuales. Sus cuotas sirven para sufragar la renta de quienes se están jubilando actualmente, pero este modelo de solidaridad generacional no está preparado para cubrir a los hijos del baby-boom que se jubilarán masivamente a partir del 2020. Pese a que las cuentas de la Seguridad Social son las más robustas del Estado -han mantenido el superávit pese a la dureza de la crisis- el sistema necesita una puesta a punto. El Gobierno anuncia hoy su apuesta.
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El Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez mediante una sentencia sobre la calificación que debe otorgarse en el IRPF a los regalos asociados a la contratación de productos bancarios. El fallo obliga a bancos, cajas y cooperativas de crédito a efectuar una retención sobre los rendimientos del capital mobiliario derivados de sus promociones (jamones, ollas, televisores, ordenadores o dinero) al suscribir un producto financiero.
El Supremo da la razón a la Dirección General de Tributos que había defendido que estos regalos tengan la consideración de rentas de capital mobiliario en especie y, por tanto estar sujetas a la obligación de ingreso a cuenta del IRPF.
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La realidad es que la formación no funciona en muchas más ocasiones de las que sí funciona. Si ponemos cien empleados en un programa típico de formación corporativa, menos del 20% acabará utilizando lo que ha aprendido.
La inmensa mayoría de los alumnos no mejorarán su rendimiento, incluso si han intentado utilizar la formación. Se encontrarán con una combinación de obstáculos, entre ellos jefes indiferentes, presiones de tiempo agobiantes, falta de incentivos para cambiar, presión de los compañeros o algún otro tipo de problema que acabará por extinguir su motivación.
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Fue polémica al nacer y aún más controvertida será al morir. Aquel cheque de 400 euros -el mismo que Pedro Solbes como ministro de Economía admitía en petit comité que prefería no valorar- fue criticado nada más llegar, pues Zapatero hizo de esta deducción la estrella electoral de sus planes contra la recesión. A pesar de que el presidente no admitía que había siquiera crisis. Y ahora, justo en plena recesión se decide suprimirla o limitarla hasta su práctica eliminación.
En concreto, el Gobierno decidió quitar esta paga de 400 euros el año pasado -como adelantó EXPANSIÓN el pasado 1 de abril-. Pero el impacto real no ha llegado hasta la nómina de enero. Ha sido ahora cuando los trabajadores “en muchos casos azotados por la congelación de sus salarios por la crisis empresarial” han visto la reducción de sus sueldos reales. Quitar esta deducción en el IRPF supone subir el impuesto, pues se retiene ahora más a los empleados, con un descenso generalizado de sus nóminas de entre 33 y 100 euros, según su volumen de ingresos anual.
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El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) califican de “insuficiente” e “ineficaz” el proyecto de rebaja de un 2,5% en la tributación por módulos en el IRPF para autónomos.
En un comunicado, Gestha consideró que la rebaja es “indiscriminada” por unos sectores han sufrido más que otros la caída de la actividad económica y del consumo en 2009 y previsiblemente en 2010, de acuerdo con las estimaciones publicadas y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y según la Federación Nacional de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que cifró que el año pasado hubo actividades que bajaron un 5% y otras llegaron a hacerlo un 40%.
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El presidente de la CEOE suscribe los contenidos de la reforma laboral que apunta el Gobierno pero cree que “se queda corta”. El líder empresarial propone crear “un nuevo contrato indefinido” para jóvenes y parados que rebaje de los 45 días la indemnización por despido improcedente. La patronal insta también a abrir la intermediación laboral para “compatibilizar” la labor de las ETT y del Inem.
Debemos ser valientes en materia de contratación”, defendió ayer el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Gallardía que reclamó para crear un nuevo modelo de contrato dirigido a los jóvenes, que abarate el coste del despido “ya sea a ocho, 18 o 21 días”. “Una nueva figura contractual estable e indefinida”, defendió, que lograría emplear a los parados y mejorar la situación de los eventuales. Eso sí, “respetando la contratación temporal en los ámbitos donde sea imprescindible”, matizó.
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España se enfrentará en breve a una oleada de reclamaciones millonarias por haber legislado en contra de la normativa de la Unión Europea en el ámbito de varias figuras fiscales.
Y con mucha probabilidad tendrá que devolver impuestos indebidamente cobrados, incluso de ejercicios prescritos fiscalmente, debido a una sentencia que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), con sede en Luxemburgo, hizo pública ayer.
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El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, considera que una reforma del mercado laboral ambiciosa “no admite mayor dilación”, ya que está estrechamente relacionada con la reactivación del sistema financiero y con la reducción del déficit público.
Durante su discurso en el Club Financiero Vigo, Fernández Ordóñez concretó que “tanto el déficit público como la situación del sistema financiero depende en buena parte del paro”. “Si se adoptan las reformas destinadas a mejorar rápidamente la situación del empleo, bancos y cajas podrán contribuir, tal como deben, a la recuperación de la economía”, sin verse lastradas por las tasas de morosidad, añadió.
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El grupo parlamentario que componen ERC, IU, e ICV ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que propone que los trabajadores en situación de jubilación anticipada “forzosa” perciban íntegra la pensión al cumplir los 65 años, siempre y cuando se acredite un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años.
El texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para que aquellos prejubilados como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo “en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador” no se vean “penalizados” por los coeficientes reductores que se aplican a sus pensiones cuando alcanzan la edad legal de jubilación.
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El Ministerio de Trabajo ultima su propuesta de reforma del sistema de pensiones, que estudiará el Consejo de Ministros del próximo viernes. El Gobierno remitirá estas propuestas a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, donde están representados todos los grupos parlamentarios, y que será quién tendrá la última palabra sobre la reforma.
Según ha podido saber ABC, una de las propuestas del Ejecutivo es elevar de manera gradual, de 15 a 20 años, el periodo que se utiliza para calcular la cuantía de las pensiones. Se trataría de que a partir de 2011 se fuera sumando un año cada ejercicio hasta completar los 20 en 2015. Es decir, para calcular la pensión de un trabajador que se jubile el próximo año se tendrían en cuenta los últimos 16 cotizados, en lugar de los 15 actuales.
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El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, admite que ha habido “alguna desviación” en las previsiones de déficit público que manejaba el Gobierno para 2009, (8% del PIB), aunque no quiso adelantar el dato final, que se dará a conocer en Consejo de ministros el próximo viernes.
“Alguna desviación ha habido”, afirmó Ocaña al ser preguntado por si los datos finales de déficit en 2009 se ajustaban a las previsiones del Gobierno. Pero eludió dar ningún otro detalle.
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Según un estudio realizado por la consultora de selección SAVILLE CONSULTING entrevistando a 75 directores de recursos humanos de compañías nacionales y multinacionales de diferentes sectores y a 465 profesionales en activo, el coche de empresa es el beneficio social más apreciado por un candidato a la hora de valorar una oferta de cambio en un proceso de selección.
Dependiendo del modelo elegido, según la categoría profesional del trabajador usuario, la repercusión en el salario anual puede llegar a suponer entre 6.000 y 10.000 euros.
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se mostró hoy partidario de prorrogar la ayuda de 420 euros para los desempleados que hayan perdido la prestación o el subsidio, pero no para quienes ya se hayan acogido a esta medida.
Al término de su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Trabajo, Corbacho dijo a los periodistas que las causas por las que el Gobierno decidió tomar esta medida no han desaparecido e incluso “tímidamente han empeorado”, por lo que no sería “razonable” no volver a prorrogar la ayuda.
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Las comparaciones son odiosas y, en muchas ocasiones, es más que recomendable no hacerlas fuera de contexto. Una tentación que resulta difícil evitar a la hora de hablar de las condiciones del mercado laboral en distintos países, más aún del despido.
De este modo, los que apoyan flexibilizar el mercado y abaratar las indemnizaciones por ceses improcedentes acuden, de forma recurrente, al ejemplo de Dinamarca, donde, en principio, disfrutan del coste de despido más bajo de la Unión Europea, así como de una de las tasas de paro más bajas (7,2% frente al 9,5% de la Europa de los 27).
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