Un Juzgado de Santander ha absuelto a un empresario para el que la Fiscalía pedía dos años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores por emplear a dos inmigrantes sin hacerles contrato.

La sentencia reconoce que no se formalizó la relación laboral, pero explica que para considerarlo delito no basta con la falta de contrato, sino que además las condiciones tienen que atentar contra los derechos del trabajador o suponer una explotación y, en este caso, dice que eso no se ha probado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) presentó un documento en el que propone una reforma a fondo de operaciones vinculadas y de los precios de transferencia para evitar la pérdida de competitividad de las pymes y facilitar la entrada de grupos internacionales.

El presidente de la organización, López Hermoso, explicó en rueda de prensa que la legislación vigente desvirtúa el objetivo de impedir los desplazamientos patrimoniales de grandes multinacionales entre distintas haciendas y que resulta “parca, incompleta, parcial, ilegal e, incluso, inconstitucional”. Además, aseguró que existe una casuística muy elevada –con un gran número obstáculos– a la que no pueden hacer frente las pymes, más si cabe en el escenario económico actual.
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Dividido en seis capítulos, el informe elaborado por SAGE ofrece una visión exhaustiva sobre la situación actual de las pymes en España, tanto en su entorno socioeconómico como político, además de recoger datos y tendencias sobre su infraestructura tecnológica, nivel de adopción de nuevas tecnologías, relaciones con la Administración y previsiones para 2010.

“La gran cartera de clientes con que Sage España cuenta en este terreno nos ha situado en una posición privilegiada para realizar una recopilación masiva de información. Creemos que este informe es, sobre todo, una herramienta útil para conocer las necesidades de un sector que, por su dinamismo y peso específico en el tejido empresarial del país, resulta imprescindible para la buena marcha de la economía española”, ha declarado Santiago Solanas.
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El Gobierno ha presentado a los partidos de la oposición la lista de temas para negociar en la primera reunión de la comisión encargada de buscar acuerdos contra la crisis.

La revisión de los actuales programas de ayuda a las pymes y del capítulo de gastos de personal de la Administración, y la fijación de nuevos plazos de pago para evitar la morosidad en las administraciones públicas son algunas de las propuestas del Gobierno para llegar a un pacto político anticrisis.
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El Gobierno pretende hacer del alquilar su gran apuesta en materia de vivienda. Si bien se sabe que el stock de viviendas sin vender ronda las 800.000, no hay estadísticas que recojan el número de viviendas vacías que podrían ser susceptibles de ser alquiladas y que elevarían la oferta inmobiliaria hasta el 40%, tal y como pretende el Ejecutivo.

Son muchos los temores de los propietarios a arrendar sus viviendas vacías: inquilinos morosos, daños o penalizaciones fiscales, entre otros. Sin embargo, el Gobierno ha actuado en consonancia y ha puesto en marcha una serie de ayudas tanto para el propietario que se decidan a alquilar como al que busca una vivienda en alquiler.
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El informe de Sage “Radiografía de la Pyme 2010”ofrece una visión exhaustiva sobre la situación actual de las pymes en España, tanto en su entorno socioeconómico como político, además de recoger datos y tendencias sobre su infraestructura tecnológica, nivel de adopción de nuevas tecnologías y relaciones con la Administración.

Sage ha presentado hoy su primer informe “Radiografía de la Pyme 2010”, elaborado a partir de una encuesta distribuida entre más de 300.000 clientes. El resultado constituye, según Santiago Solanas, director de la división de pymes, autónomos y formación de Sage España, “quizá el conglomerado de información más completo que se haya realizado nunca en España sobre este sector”.
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Los Servicios Públicos de Empleo intermediaron en el pasado año en tres de cada 100 colocaciones, mientras que las ETT lo hicieron en doce, lo que supone una proporción 4,5 veces mayor.

Las ETT colocaron a más trabajadores en 2009 que los Servicios Públicos de Empleo (SPE) según un informe de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT). El informe señala que estas empresas consiguieron dar más empleo en todas las comunidades autónomas a excepción de Extremadura.
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La Asamblea de Madrid ha aprobado deducciones fiscales para animar a crear empresas: la devolución de 1.000 euros a los menores de 35 años que abran un negocio propio, el reintegro de las tasas por apertura de actividad y deducción en el IRPF por invertir en pymes cotizadas.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se ha comprometido a adoptar estas medidas en el segundo pleno monográfico sobre la crisis que celebra la Asamblea en esta legislatura, que también ha aprobado aumentar en 2010 el mínimo personal y familiar de la “base liquidable” del IRPF para las familias numerosas.
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El Partido Popular defenderá hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados la creación de un nuevo contrato para jóvenes menores de 30 años con una duración de entre nueve meses y tres años y que contempla una bonificación para las empresas de 1.200 euros anuales durante toda su vigencia.

Esta nueva modalidad, que los ‘populares’ bautizan como “contrato primer empleo joven”, va destinado a personas menores de 30 años que buscan su primer empleo o que han figurado más de dos años como demandantes de empleo.
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Se estudia la opción que tiene una empresa de retractarse tras efectuar un despido, así como la buena o mala fe del empleado que no hace caso de la retractación de la compañía e interpone demanda por despido.

El trabajador fue despedido por faltas de asistencia al trabajo. Quince días después, la empresa le remite un burofax indicándole que deja sin efecto el despido porque el empleado ha justificado dichas ausencias. El trabajador, casi quince días después de haber recibido esta nota de la empresa, interpone papeleta de conciliación por despido. En una primera sentencia se desestima su demanda porque el juzgado entiende que no había habido tal despido.
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Hacienda contará con más tiempo para inspeccionar a las empresas. El Tribunal Supremo (TS) amplía el tradicional plazo de prescripción del IVA de cuatro años entre once y cuatro meses más en una sentencia que considera que el momento a partir del cual empieza la prescripción no es la liquidación trimestral, sino el resumen anual, que se presenta en enero del año siguiente.

Para los expertos, se trata de una “sorprendente” decisión del Supremo que da más oportunidades a la Inspección, sobre todo porque cubre sus frecuentes retrasos que, hasta ahora, invalidaban muchas de sus investigaciones y frenaban la recaudación.
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Imagine que su empresa se da cuenta de repente de que, por error, ha estado reteniendo IRPF de menos a algunos trabajadores, importes que, sin embargo, sí había estado ingresando en Hacienda. ¿Puede descontarles de las siguientes nóminas las cantidades que no detrajo en su momento? Hasta ahora no, por lo que la empresa debía asumir las consecuencias de su error y no podía repercutir en los trabajadores sin su consentimiento las cantidades que en su día no retuvo.

Si una empresa aplica por error un tipo de retención menor a los trabajadores o no les retiene nada y, sin embargo, ingresa en Hacienda el importe correcto, la empresa está legitimada para exigir la devolución de las cantidades que el trabajador percibió en exceso (sent. del TS de 14.12.09).
Una empresa ingresó las retenciones a cuenta del IRPF correspondientes al ejercicio 2004 practicadas sobre la retribución de los trabajadores, aunque en algunos casos, debido a un error, no se descontaron de las nóminas. Sin embargo, las retenciones sí se hicieron constar en los certificados de haberes que la empresa remitió a cada empleado al finalizar el ejercicio.
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Dentro de la Unión Europea, España ocupa el tercer puesto entre los países con mayores costes por despido. En relación al gasto en concepto de indemnización, la compensación media por cada trabajador en España asciende aproximadamente a 12 meses de salario, únicamente por detrás de Portugal y Grecia. Este dato contrasta con países como Dinamarca, donde la indemnización media por trabajador asciende a 2,5 meses de salario.

En relación a las indemnizaciones por despido improcedente, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET) establece una indemnización ascendente a 45 días de salario por año de servicio, hasta el límite de 42 mensualidades. Como supuesto específico se encuentra el denominado contrato de fomento de la contratación indefinida, reservado a colectivos de difícil inserción laboral. Este contrato reduce la indemnización por despido a 33 días de salario por año trabajado.
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Las nuevas normas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) han puesto en la diana a los particulares y a las empresas en la lucha contra el déficit.

Los inspectores de Hacienda del Estado han levantado el hacha de guerra: denunciaron que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, les obliga a cerrar las investigaciones antes de tiempo –en 8 meses y medio en vez de en un año– y con menos recursos, lo que estrecha el cerco de las investigaciones en los pequeños comercios y no en las grandes compañías, mucho más difíciles de vigilar.
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Miren sus buzones con periodicidad, revisen las declaraciones de la Renta de años anteriores y estén atentos a sus facturas de IVA. Hacienda ha decidido presionar a los inspectores para que aumenten un 15% la recaudación. Escondan sus carteras.

El Gobierno ha iniciado una campaña para recaudar más impuestos de forma soterrada. El objetivo es sacar dinero de los bolsillos de los contribuyentes y las cuentas de las empresas para lograr un poco de liquidez. El dinero obtenido mediante este método coactivo, junto con el logrado a través de las emisiones de deuda, servirá para dar un balón de oxígeno al Estado, pero no será suficiente para cerrar el agujero que hay en la caja pública.
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“Creemos que España es una preocupación mayor que Grecia”. Con estas palabras titulan los analistas de Credit Suisse su último informe sobre la crisis soberana. Además, señala que España es “too big to bail out”.

Un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistiera en el Congreso que logrará reducir el déficit, reiterando la solvencia y credibilidad de las cuentas públicas, un informe del banco suizo Credit Suisse desmonta uno a uno los mensajes oficiales del Ejecutivo. “España no es Grecia”, insistía Zapatero la pasada semana. Cierto. Los analistas advierten de que el riesgo de la deuda española es mucho mayor.
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