Un Juzgado de Santander ha absuelto a un empresario para el que la Fiscalía pedía dos años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores por emplear a dos inmigrantes sin hacerles contrato.
La sentencia reconoce que no se formalizó la relación laboral, pero explica que para considerarlo delito no basta con la falta de contrato, sino que además las condiciones tienen que atentar contra los derechos del trabajador o suponer una explotación y, en este caso, dice que eso no se ha probado.
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