Casi mes y medio de diálogo discontinuo entre el Gobierno y las fuerzas políticas han dado como fruto un amplio paquete de pequeños acuerdos, buena parte de los cuales favorece a las pequeñas y medianas empresas. Casi todos los partidos han logrado incorporar propuestas en el documento.

Los partidos analizarán con detalle este fin de semana el documento de síntesis que ha elaborado el Gobierno y decidirán si el lunes acuden o no al Palacio de Zurbano para firmarlo, en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe por decreto buena parte de las medidas incluidas en el acuerdo. La vicepresidenta Elena Salgado, dejó claro que sólo caben “observaciones”.
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La mayor temporalidad en los puestos de trabajo y la reducción general en el nivel salarial obligan a las compañías a volcarse en el denominado ‘salario emocional’: incentivos no monetarios que reconocen los logros de los empleados. Grass Roots ofrece ocho pistas para mejorar esta política de incentivos.

Los cambios vividos en los últimos años en el mercado laboral han dado la vuelta a los conceptos tradicionales sobre los elementos de motivación y fidelidad de los trabajadores a la empresa. Antes, el sueldo y la antigüedad eran considerados básicos, pero hoy en día la mayor temporalidad en los puestos de trabajo y la reducción general en el nivel salarial obligan a las compañías a volcarse en el denominado salario emocional: incentivos no monetarios que reconocen los logros de los empleados.
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Hoy en día, es muy común escuchar hablar de planes de igualdad y de los beneficios que aportaría implantarlos en las empresas. Aún así, muchas compañías no se deciden a ejecutarlos ya sea por las dificultades legales que plantean o por el carácter de la oferta y la demanda por géneros dentro de un área de actividad o un área geográfica concretas.

Por todo esto, es fundamental analizar previamente el contexto que rodea la compañía de cara a saber las limitaciones reales que pueden existir la hora lanzar este plan.
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La vicepresidenta económica Elena Salgado aseguró ayer que el Gobierno estudia “muy seriamente” ampliar la parte de salario que no puede embargarse en caso de una ejecución hipotecaria. Actualmente, el límite lo establece el salario mínimo interprofesional (SMI), que asciende 633,3 euros al mes en 14 pagas.

El Consejo General del Poder Judicial tramitó, en 2009, 114.958 ejecuciones hipotecarias, una situación que se produce cuando un ciudadano no puede pagar su cuota hipotecaria. Entonces, el banco puede acudir a los tribunales para embargar la vivienda. Sin embargo, con la caída de precios y la atonía del sector inmobiliario, ello puede ser insuficiente para cubrir la deuda contraída con la entidad bancaria. Cuando ello sucede, la ley permite embargar una parte del salario mensual.
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El Tribunal Supremo acaba de emitir sentencia en la que ante el conflicto colectivo interpuesto por CCOO contra el grupo de empresa de Sogecable.

Señala que las revisiones salariales pactadas en convenio colectivo conforme al IPC previsto son válidas y se consolidan, aún cuando el IPC real resultara finalmente inferior a aquel, sin que proceda revisión salarial “a la baja” en tales supuestos.
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció ayer la puesta en marcha de una nueva línea de crédito a través de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) dotada con 25 millones de euros en 2010 para facilitar el acceso a la financiación de jóvenes emprendedores.

Enisa dará préstamos por un importe máximo de 50.000 euros a un tipo de interés del euríbor más 1,5%, sin comisión de apertura, con unos gastos de estudio del 0,5% y sin necesidad de presentar aval. El plazo de devolución será de cinco años con una de carencia de seis meses.
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Se estudia en este caso si la consignación en el juzgado de la compensación efectuada por una empresa al cesar a un trabajador era correcta. De la decisión del tribunal dependía que se devengaran o no salarios de tramitación, elevando así la cantidad.

El trabajador se incorporó a la empresa a primeros de septiembre. Tras trece días de trabajo se dio de baja por incapacidad temporal. Permaneció en esta situación hasta mediados de marzo, fecha en la que se procedió a su despido. La compañía reconoció la improcedencia del cese y consignó la indemnización correspondiente en el juzgado. Pero el ex empleado demandó a su antiguo empleador señalando que estaba mal calculada.
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La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó este martes la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas a partir de 2013.

Asimismo, los grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo ‘in extremis’ para eliminar la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley, el conocido como “pacto en contrario” con el voto en contra del PSOE.
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Son los últimos en salir de trabajar, se sienten mal si se toman un día libre o toman notas mientras comen, son sólo algunos de los síntomas de las personas adictas al trabajo. Nuestra oficina o puesto de trabajo se convierte en la mayoría de las ocasiones en nuestra segunda casa, el lugar donde más horas pasamos después de nuestra vivienda. Sin embargo, numerosas personas ya pasan más horas en su puesto de trabajo que en su propio hogar. ¿Cómo podemos saber si somos adictos al trabajo?

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Jaume I de Castellón y de la de Utrecht (Holanda) establece una serie de variantes que podrían identificar si una persona sufre adicción al trabajo. Para el estudio, publicado en la revista Psicothema, han realizado una serie de encuestas a más de 2.000 trabajadores españoles y holandeses.
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La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados vota hoy la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 sobre morosidad en las operaciones comerciales. Esta iniciativa, propuesta por CiU, instaura el pago de las facturas del sector público a 30 días y de las empresas a 60 días, y elimina la posibilidad de que las compañías pacten un plazo mayor con sus proveedores.

Si la reforma sale adelante y se logra bajar de los actuales 101 días a 60 días el plazo medio de pago entre compañías se inyectarían en el tejido de las pequeñas y medianas empresas (pymes) más de 6.400 millones. Y más de 3.000 a las grandes firmas, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).
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La economía española se enfrenta a una sangría laboral sin precedentes que está hundiendo las afiliaciones a la Seguridad Social. De los 46,7 millones de personas que viven en España sólo una cuarta parte trabaja en empresas. El resto son autónomos, funcionarios y pensionistas.

El Ministerio de Trabajo ha anunciado que las afiliaciones a la Seguridad Social han repuntado levemente en febrero. Aunque los datos del departamento no son detallados (sólo se dan cifras medias, no las afiliaciones a fin de mes), cuando se bucea en las tablas estadísticas se descubren tendencias preocupantes para el futuro de mercado laboral español y para la sostenibilidad del sistema de protección social.
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El PP llevará al Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pretende instar al Gobierno a dotar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social con la cantidad comprometida para 2008 procedente del superávit del sistema, de la que restan por aportar más de 6.000 millones de euros, así como la de 2010, que aún no ha sido fijada pero que los ‘populares’ calculan en alrededor de 2.000 millones de euros.

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció la semana pasada que del monto total de 8.000 millones correspondiente a 2008 sólo se han aportado a la conocida como ‘hucha de las pensiones’ 1.750 millones de euros -con lo que restan 6.250 millones- y pidió “abrir un debate” sobre la dotación correspondiente a 2009.
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Aunque Igualdad habla de la “intolerable” brecha salarial entre hombres y mujeres, lo cierto es que en igualdad de condiciones no existen tales diferencias. Incluso una organización ha ofrecido 4.000 euros “a quien pruebe” que las mujeres ganan menos que los hombres.

La Federación Estatal Unión de Separados ofrece un premio de 4.000 euros “a quien demuestre que las mujeres ganan entre un 27% y un 40% menos que los hombres” en España, como han asegurado informaciones “maliciosamente difundidas e ingenuamente creídas”, según esta entidad.
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La pensión de jubilación SOVI es la única a la que tienen acceso muchas mujeres que en los años sesenta dejaron su empleo al casarse, obligadas por la excedencia forzosa, empujadas con la dote por matrimonio o despedidas porque estaban embarazadas

La Ley de Igualdad de 22 de marzo de 2007 reconoce a todas las mujeres que no estén de alta en la Seguridad Social en la fecha del parto, 112 días de cotización que sirven para la pensión de jubilación. Esto significa que a los días de cotización que corresponden a los periodos de empleo, hay que sumarles esos 112 días por cada parto.

[Nota WorkPress: Aunque esta información ha sido divulgada inicialmente con la firma de CC.OO Mujer, el documento original ha sido elaborado por la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (a quienes pedimos disculpas por el equívoco) y publicado en su web www.ath-ele.com.]
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Microsoft ha presentado una encuesta de la que se desprende que el teletrabajo permite a los trabajadores incrementar la productividad a la vez que se encuentran más felices. La clave del éxito de estos programas se encuentra en la tecnología, las políticas claras y la buena gestión.

El sesenta por ciento de los encuestados, 3.600 trabajadores de 36 ciudades de todo el mundo, estiman que son más productivos y eficientes cuando trabajan de forma remota. Con menos tiempo gastado en distracciones, los encuestados se centran más en su labor.
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Un reciente estudio del Centro de Economía Industrial en Cataluña señala que el absentismo fraudulento tiene una incidencia de entre el 31% y el 50% en la industria.

El cálculo del absentismo por las empresas viene dado habitualmente por la relación entre jornadas no trabajadas respecto del total. El principal problema radica en que este indicador lo es del absentismo en general, pero no del fraudulento. La utilidad del estudio del CEI radica en el análisis de las experiencias de 64 empresas en la lucha contra el absentismo, señalando aquellas medidas que más eficacia han demostrado.

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