Decidido a reabrir como sea el grifo del crédito, el Gobierno propone a los partidos políticos que el ICO conceda préstamos directos a las empresas, de hasta un importe máximo de 200.000 euros, mediante una nueva línea que carecerá de límite cuantitativo absoluto.

El documento que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, trasladó ayer a los partidos políticos para negociar una salida pactada de la crisis otorga al Instituto de Crédito Oficial un cierto papel de banca privada. Salgado promoverá que el ICO conceda a las empresas créditos por un máximo de 200.000 euros con cobertura de riesgo del 100%. Para ello, el Instituto abrirá un concurso al que podrán presentarse entidades financieras para actuar como meras comercializadoras. El análisis de riesgos y el señalamiento de las empresas beneficiarias de estos préstamos dependerán del ICO, que abrirá una nueva línea crediticia “sin límite cuantitativo alguno”, dijo ayer Salgado. Los préstamos se concederán en condiciones de mercado.
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El PSOE descarta elevar la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y su cobertura temporal y negociará en cambio con la oposición que el sistema aprobado por el Gobierno en diciembre se revise dentro de dos años, momento en el que se estudiaría la posibilidad de elevar la cuantía de las cotizaciones y las prestaciones. Asimismo, aceptará revisar los requisitos de acceso a la prestación e impulsar el acceso a la jubilación anticipada de estos profesionales.

Fuentes socialistas recalcaron a Europa Press su intención de lograr “el máximo consenso posible” en el Congreso para la tramitación del proyecto de ley un día antes de que concluya el plazo de presentación de enmiendas parciales. Sin embargo, en estos momentos se mantienen las principales diferencias con la oposición en lo referente a la cuantía y el tiempo de cobertura de las ayudas.
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Un nuevo estudio analiza por qué las prácticas de gestión difieren entre empresas y países. Su conclusión es que una combinación de mercados imperfectamente competitivos, empresas familiares, regulaciones administrativas y barreras informacionales explica la persistencia de la mala gestión.

La productividad varía mucho entre empresas y países. Esta divergencia no puede explicarse recurriendo únicamente a la productividad de distintos factores, como el capital intensivo. Un estudio concluyó que sólo la mitad del diferencial de su muestra era función del empleo de distintos factores.
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El Gobierno acaba de unificar el sistema de pago de haberes de las clases pasivas del Estado. La nueva disposición fija que los pensionistas que hayan sido empleados públicos reciban su pensión únicamente vía transferencia corriente a su cuenta bancaria. Ello significa la eliminación de otros procedimientos, entre los que se encuentran el cheque nominativo, el talón y el abono a través del habilitado de clases pasivas.

Los pensionistas que hasta ahora cobren por estas vías podrán seguir haciéndolo, ya que la medida sólo afecta a los nuevos. Este cambio favorece, obviamente, a los bancos, que dispondrán de más recursos para su negocio; a los habilitados, que tendrán menor trabajo a partir de ahora, y a la Administración, que podrá suprimir empleos, ayudados por la técnica bancaria.

Cinco Días

El mercado de los pequeños despachos profesionales está siendo golpeado con virulencia por la actual coyuntura económica. El pequeño tejido profesional, integrado por despachos de abogados, asesorías fiscales, laborales y contables, está padeciendo de lleno el impacto que la crisis ha tenido sobre su clientela. Cuatro de cada diez despachos -37,7%- confiesa haber registrado un saldo negativo en su cartera de clientes en 2009, mientras que el porcentaje de aquellos que han experimentado algún aumento ha descendido a un 19,3%.

La caída en los clientes se ha visto traducida también en un fuerte descenso de la facturación. Hasta un 40% de las pequeñas firmas ha visto caer sus cifras de ingresos: de ellas un 9% ha sufrido descensos de más del 25%, un porcentaje similar los ha padecido de un 16% a un 25%; y otro 20%, entre un 6% y un 15%.
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Los asesores fiscales abogan por eximir a la pequeña empresa de obligaciones de documentación ‘a priori’ y aumentar el grado de participación vinculante al 50%.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presentó ayer un documento en el que propone una reforma estructural del régimen español de operaciones vinculadas y de precios de transferencia para evitar la pérdida de competitividad de las pymes y facilitar el establecimiento de grupos internacionales. Tienen estas propuestas sobre la mesa la Administración y los partidos políticos y cuentan con el respaldo de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Aedaf manifestó que “el Anteproyecto de Ley de la Economía Sostenible (LES) constituye una gran oportunidad para adaptar el régimen”.
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Siempre hay nuevas fórmulas para encontrar nuevas oportunidades empresariales. Algunas recomendaciones a tener en cuenta son: “La mejor forma de fidelizar a nuestros clientes y crear fuertes barreas de entrada es sorprenderlos diariamente”; “el “no usuario” debe ser nuestro objetivo”; “el producto hace a la marca; no la marca al producto”.

Desde la consultora Loop Business Innovation, Antonio Flores, CEO de esta firma y presidente de CN (Competitive Network), facilita algunas prácticas y estrategias para que las empresas puedan seguir avanzando, lanzando productos y servicios competitivos; minimizando el esfuerzo y la inversión necesaria y maximizando el retorno. Su propuesta se resume en diez puntos:
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La Agencia de Tramitación de Licencias, que aprobó en el Pleno sus estatutos y presupuesto el pasado jueves, echará a andar con un “embrión” inicial de 13 trabajadores, un número que se multiplicará hasta abril de 2011, cuando esté plenamente operativa, alcanzando una cifra entre los 120 y los 150 funcionarios, como explicó el delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo.

Es por lo que tachó de “chiste fácil” la crítica hecha por el portavoz de IU, Ángel Pérez, que mostraba su incredulidad por la puesta en marcha de un organismo autónomo con sólo 13 empleados, de los que “once son jefes y dos curritos”. Pérez detallaba que este embrión original de lo que será la agencia de tramitación contará con un gerente, un director general, dos subdirectores, tres jefes de servicio y cuatro de departamento, quienes acompañarán a dos auxiliares administrativos. En total, como subrayó IU, la plantilla de esta Agencia tendrá un gasto salarial adicional de unos 700.000 euros.
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