Sobran las críticas y falta tiempo para acordar una reforma laboral a gusto de todos. El Gobierno es consciente de que se acabó el tiempo de jugar a las negociaciones. La presión pública aumenta y hay que zanjar de una vez el diálogo social.

Desde esta perspectiva, Trabajo tiene puesta la mirada sobre las mutuas de accidentes laborales, llamadas a convertirse en la cabeza de turco de la reforma en ciernes. El Departamento de Corbacho quiere cerrarles el grifo de las cotizaciones sociales de las que actualmente se nutren para cubrir la asistencia sanitaria (bajas médicas, fundamentalmente) de más de 13 millones de trabajadores.
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La Agencia Tributaria calcula que devolverá 12.200 millones de euros (un 4,5% menos que en el año pasado) a 15,7 millones de contribuyentes con declaraciones del IRPF en el marco de la Campaña de Renta 2009, según anunció el ya ex-director del organismo, Luis Pedroche.

El fisco prevé que se presenten un total de 19,5 millones de declaraciones, un 0,3% más que el año anterior, de las que el 80% serán a devolver. El compromiso de la Agencia Tributaria es haber realizado el 85% de estas devoluciones antes de principios de agosto.
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El secreto profesional es una perrogativa de los abogados que ejercen la profesión de forma independiente, pero no ampara a aquellos que prestan servicios en las empresas. Así lo ha defendido en su escrito de conclusiones, Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco de un proceso de competencia de la Comisión Europea frente a las sociedades Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals.

En su argumentación, no vinculante para el tribunal, pero que éste a menudo respalda, la ponente recuerda que el derecho comunitario protege en líneas generales las comunicaciones entre abogados y clientes al permitirles acogerse al deber de secreto, pero que este derecho fundamental no se aplica al intercambio de información entre abogados de empresa y compañías.
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De conformidad con el apartado c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 (en adelante “el ET”), el contrato de trabajo podrá extinguirse, entre otros, cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y en número inferior al establecido para los supuestos de despido colectivo.

En este caso, el apartado 1.b) del artículo 53 del ET señala que la indemnización correspondiente al trabajador será equivalente a veinte (20) días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un (1) año y con un máximo de doce (12) mensualidades.
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El atractivo de la jubilación es muy elevado para los españoles. Casi uno de cada tres trabajadores (33%) afirma preferir que el gobierno no suba la edad de jubilación, a la vez que aseguran estar dispuestos a percibir menos ingresos a cambio de una jubilación anticipada, según un estudio realizado por Aon Consulting.

Estas conclusiones forman parte de la investigación European Employee Benefits Benchmark que Aon Consulting, firma especilaizada en gestión de riesgos y beneficios para empleados, ha llevado a cabo entre 7.279 trabajadores en Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Suiza, 10 de las principales economías europeas.
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Alrededor de ocho de cada diez empresas familiares han tenido que realizar ajustes de plantilla por culpa de la crisis. Así, frente un 44% que reconoce una baja o mediana afectación en su plantilla y otro 35% que asegura que ésta ha sido alta o muy alta, sólo un 19% afirma que la crisis no ha afectado a sus puestos de trabajo, según un estudio elaborado por la Fundació Nexia.

Y es que más de la mitad de estas empresas ha visto reducidas sus ventas por la caída del consumo, lo que ha dañado de forma muy importante su cuenta de beneficios.
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Las afecciones comunes formarán parte de la lista de patologías laborales, según ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. De este modo, la Seguridad Social ampliará su catálogo de enfermedades profesionales de 30.000 a 300.000 patologías.

El secretario hizo el anuncio en la jornada La información como herramienta necesaria en el conocimiento del daño asociado al trabajo, organizada por la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
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Una trabajadora estaba en situación de baja cobrando directamente de su empresa, que tenía un convenio con la Seguridad Social para hacerse responsable de estas cantidades. Pero la compañía dejó de abonarlas y su empleada la demandó.

La controversia en este juicio se centraba en determinar si la finalización del convenio de colaboración voluntaria entre una empresa y el Instituto Nacional de la Seguridad Social –aquel por el que la compañía se convierte en autoaseguradora de las contingencias por incapacidad temporal– implicaba la extinción de las obligaciones que tenía esta corporación en el pago de estas contingencias durante la vigencia del convenio rescindido a su instancia, o si por el contrario la obligación subsiste una vez extinguido el convenio, hasta que el trabajador causa alta.
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No sólo en los mercados está votándose en contra de la política fiscal del Gobierno. En la arena política el martes se produjo una doble derrota del partido en el Gobierno sobre la fiscalidad del automóvil y de los alimentos, que ponen en cuestión sus futuros movimientos sobre los impuestos.

Primero, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el martes con el voto en contra del PSOE la toma en consideración de una proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego (BNG) para aplicar el tipo superreducido del Impuesto del Valor Añadido (IVA), fijado en el 4%, a todos los productos implicados en la cadena alimentaria, desde los alimentos propiamente dichos a los fertilizantes y a los servicios prestados a las explotaciones agrarias.
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La figura de estos profesionales, reconocida por la ley, está muy poco implantada y por ahora se limita casi exclusivamente al sector público.

El Ministerio de Igualdad, por medio de su secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, estudia y valora la posibilidad de convertir en obligatoria, tanto en las empresas privada como en los organismos públicos, la figura de los Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, una especie de «comisario político» o «policía» que debe velar por que se cumpla el «objetivo de acabar con la brecha de género que impide a las mujeres desarrollar sus vidas en términos de igualdad con respecto a los varones», tal y como se pregona en círculos feministas al referirse a esta profesión.
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Ya hay más de 4,5 millones de parados. Para ser exactos: 4.612.700. No es una broma. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2010 debían publicarse oficialmente este viernes, pero un error en la página web del INE los desveló ayer, dejando al descubierto unas cifras escalofriantes de las que se hizo eco el diario ABC.

Concretamente, un redactor de este rotativo que estaba buceando en el site del Instituto Nacional de Estadística se topó por casualidad con el archivo, que procedió a descargarse inmediatamente. Acto seguido, el INE lo quitó de la página consciente de su error.
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El Derecho mercantil español no consigue zafarse de la idea tradicional de que el concurso es sinónimo de liquidación de la empresa. No lo logró la Ley Concursal de 2003.

Tampoco tuvo éxito la modificación de urgencia de marzo de 2009. Y, para apuntalar esta inercia, según el texto al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, la que iba a ser la reforma de calado que trataría de reflotar el tejido empresarial –que estará en Consejo de Ministros en junio– no se atreve a cambiar el modelo.
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La crisis griega tiene sus ventajas. Al menos para el Ejecutivo español, que a la vista de las dificultades del Gobierno Papandreu para enderezar la situación, cuenta ya con una coartada de lujo para justificar el Plan de Reestructuración del Gasto Público que aprobará el próximo Consejo de Ministros. El Plan, como establece el Programa de Estabilidad, comportará una revisión exhaustiva de todos los programas y políticas de gasto de la Administración General del Estado y la racionalización de sus estructuras, así como del sector público empresarial.

Entre las medidas que se acordarán el próximo viernes se encuentra un drástico recorte de las subvenciones públicas, que pasarán de representar el 1,1% del PIB al 0,7% en 2010. O lo que es lo mismo, el plan supone un recorte de unos 4.000 millones de euros. El objetivo es rebajar esa partida de forma adicional en 1.000 millones de euros hasta 2013. La parte más cuantiosa de este capítulo del presupuesto se destina al transporte público (1.590 millones de euros), pero también va dirigido a becas, integración de los inmigrantes, alquileres, remodelación de barrios o empresas de la SEPI, como Hunosa, que sigue en funcionamiento gracias a subvenciones del Estado.
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No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero, a veces, tengo la sensación de que, para muchos analistas, observadores o expertos económicos la única reforma que necesita España es la del mercado de trabajo. Como si moviendo esa pieza se arreglasen todos los problemas.

Es más, con frecuencia, este debate oculta la multitud de hechos que diariamente ponen de manifiesto que hay otros muchos factores que no funcionan y que sólo salen a la luz con las denuncias de las organizaciones de consumidores o gracias a los temporales, que algo bueno han de tener.
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El documento de trabajo presentado por el Gobierno para reformar el actual modelo laboral propone cinco aspectos básicos. Como punto de partida resultan positivos, pero hasta que no se concreten, es hablar por hablar.

Insuficiente, falto de contundencia, poco concreto; que propone un abaratamiento del despido y que pone en peligro la posibilidad de cerrar una reforma laboral eficiente. Son las principales reacciones mostradas por sindicatos y empresarios tras evaluar las líneas de actuación presentadas la semana pasada por el Gobierno en el marco del diálogo social.
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Lo que los gobiernos y la clase política no son capaces de arreglar lo regula el mercado por sí solo. Y más en épocas de crisis. Eso es lo que está ocurriendo en este país con las relaciones laborales, pues con la espada de Damocles de los cierres empresariales y los expedientes de regulación de empleo sobre sus cabezas, los agentes sociales han entrado en una senda de moderación y de rebajas.

Los datos los aportaba el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE, Santiago Herrero, durante la última reunión de la Junta Directiva de la Patronal. Durante el primer trimestre de este año se han firmado 21 convenios nuevos y 1.189 revisiones de convenios, con importantes diferencias entre ambos.
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