En este pleito se determina si la comunicación efectuada por el comité de empresa a los delegados de prevención de riesgos y al departamento de recursos humanos sobre una situación de posible acoso moral atenta contra la dignidad del afectado.

Un trabajador de la empresa entendió que estaba siendo sometido a una situación de acoso laboral por un superior. Presentó por ello una denuncia ante la dirección de la compañía y los delegados de prevención de un sindicato. Estos últimos enviaron un documento al Comité de Salud de la entidad y al departamento de recursos humanos, dando cuenta de la denuncia presentada al objeto de adoptar las medidas que se considerasen oportunas al respecto.
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La medición del riesgo soberano se ha convertido en el talón de Aquiles de las pruebas de resistencia a la banca hechas públicas el viernes y en la principal fuente de controversia en el sector.

Los test realizados a las entidades por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS, en sus siglas en inglés) sólo han aplicado la posibilidad de un colapso soberano en aquella deuda pública europea que las entidades sitúan en la cartera de negociación (la que contiene valores que se negocian en el mercado).
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La dureza de la recesión y las necesidades de financiación de la economía española han obligado al Gobierno a cambiar radicalmente su estrategia de inversión en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

En los dos últimos años, la hucha de las pensiones públicas ha cambiado fundamentalmente hacia la deuda nacional desde su colocación parcial en Alemania, Francia y Holanda. Y, ello, a pesar de que la imagen económica de España se ha deteriorado notablemente en los mercados financieros. En los dos últimos años, los activos nacionales han pasado de suponer el 55% al 85,28% de la inversión total del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
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Los grupos parlamentarios han alcanzado un amplio consenso para lograr que el alto absentismo laboral que hay en España no suponga un lastre añadido para la supervivencia de muchas empresas. El Gobierno se plantea facilitar este tipo de despidos por causas objetivas a nivel individual, desvinculándolos del grado de absentismo en el total de la plantilla.

Algunas empresas de trabajo temporal han llegado a cifrar en más de 10.000 millones de euros anuales el coste total que representa para la economía española el absentismo laboral, a pesar de que a partir de 2009 es un problema que se ha reducido por el miedo de los trabajadores a perder su empleo. La reforma que hoy comienza a tramitarse en el Congreso en sus enmiendas parciales aborda este reto con un amplio consenso parlamentario para facilitar la extinción de los contratos a nivel individual, desvinculándola del índice de absentismo del total de la plantilla.
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La construcción está en el vagón de cola del ránking que mide la calidad crediticia de los diferentes sectores de la economía, que sigue atenazada por la morosidad.

La morosidad sigue sin dar ninguna tregua a las empresas españolas. El Índice Axesor de Riesgo Empresarial de junio, que mide cuál es la salud financiera de las compañías para poder hacer frente a sus deudas, respalda bien esta afirmación, ya que la posibilidad de que los empresarios no puedan hacer frente a sus compromisos de pago se ha disparado un 46,9% en el primer semestre del año. En junio el peligro de que esto ocurra se disparó un 6,93% con respecto a mayo, según las estimaciones de este mismo informe.

A pesar de que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, defendía recientemente en el Congreso que el perfil de recuperación de la economía española “gana fortaleza”, las empresas nacionales siguen afrontando aún los envites de la crisis sobre sus cuentas de resultados. Según el documento elaborado por Axesor para EXPANSIÓN, la actual coyuntura económica provocará que los acreedores no cobren de media 4,5 céntimos de cada euro que presten. O lo que es lo mismo: los morosos dejarán de hacer frente a 45 de cada 1.000 euros adeudados.
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Nunca el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades se había situado en un nivel tan bajo. Las compañías pagaron un 18% de sus beneficios a Hacienda en 2009, cuatro décimas menos que el año anterior. El Gobierno planea a medio plazo reformar el tributo para recortar las numerosas deducciones que contiene.

Las empresas que registraron beneficios en 2009 aplicaron un gravamen del 18% en el impuesto sobre sociedades, el nivel más bajo de la historia reciente según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria. El tipo oficial del tributo se sitúa en el 30% y en el 25% para las pymes, sin embargo, las numerosas deducciones que contempla la legislación permite reducir en 12 puntos el gravamen real.
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En una sentencia de 10 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia hace hincapié en la necesidad de distinguir entre el mobbing, o acoso laboral, y estrés laboral, también llamado síndrome del quemado o burnt out. La sentencia determina que el mobbing tiene carácter sistemático y es una conducta abusiva o de violencia psicológica a la que se somete a una persona en el ámbito laboral y que se pone de manifiesto en comportamientos contra la dignidad o integridad psíquica del trabajador y pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo.

Sin embargo, la sentencia diferencia este tipo de comportamientos de un “defectuoso ejercicio de las facultades empresariales”. En los episodios de acoso laboral se atenta contra los derechos fundamentales de la persona, como su dignidad e integridad moral, mientras que estos otros sólo llegan a comprometer los derechos laborales. Según la Sala “en el hostigamiento se aprecia intención de perjudicar al trabajador, mientras que en el ejercicio indebido de la actividad directiva prima un mal entendido interés empresarial”.
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El responsable de la mayor ETT cree que la reforma laboral, “tardía e insuficiente”, debe designar estas empresas como las agencias de intermediación globales.

España tiene una tasa de temporalidad excesiva. En lugar de un 25% bastaría con un 17%”. Estas palabras pueden resultar chocantes en la boca del presidente de Adecco, la mayor empresa de trabajo temporal del país. Sin embargo, Enrique Sánchez (Sevilla, 1967) asegura que “la temporalidad se reduciría si se canalizara mediante las ETT”. Sánchez espera que la reforma laboral que salga del Parlamento profesionalice la intermediación laboral, y aboga por “eliminar las subcontratas” que se dedican a fomentar el empleo precario.
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La morosidad no es sólo un problema de los agentes económicos privados con el sector público. Cobrar las deudas tributarias también se ha convertido en un auténtico suplicio para Hacienda. Los contribuyentes -personas físicas o empresas- deben al Fisco nada menos que 11.663 millones de euros. Una cantidad que representa más del 1,1% del producto interior bruto y que supone el 7,6% de lo que recauda la Agencia Tributaria en un solo ejercicio.

Se trata, con diferencia, de las mayores tasas de morosidad jamás alcanzadas por la economía española. Pero lo sorprendente es su rápida evolución. En 2005, los derechos pendientes de cobro ascendían únicamente a 4.878 millones, y un año más tarde -todavía sin crisis económica- había pasado a 6.299 millones. El año 2007 se cerró con una morosidad equivalente a 6.987 millones, pero es que un año más tarde se había acelerado hasta los 8.727 millones. Es decir, que en 2009 -ya en plena recesión- las deudas con la Agencia Tributaria (los 11.633 millones) han crecido un 33,5% respecto del año anterior.
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Las cajas superan los test de estrés gracias a un artificio financiero. Según explican fuentes financieras, los cerca de 10.200 millones de euros que el Banco de España ha puesto sobre la mesa permiten que la mayor parte de los grupos financieros sometidos a la prueba de resistencia superen holgadamente el requisito del 6% establecido para el Tier 1 (solvencia de primera categoría).

¿La razón? El Banco de España permite que esas ayudas se computen como capital de primera categoría. Sin embargo, según expertos consultados por este periódico recuerdan que los recursos del Frob son meros préstamos que las cajas de ahorros tendrán que devolver en un determinado plazo y que durante el primer ejercicio se les aplica un tipo de interés del 7,75% y el 8,25% a partir del segundo año.
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La crisis económica sigue haciendo mella en el seno de las empresas y, pese a ello, sus esfuerzos por optimizar costes y mejorar la excelencia de sus procesos no se han visto mermados. Al menos así se deduce de la encuesta realizada por Adecco Outsourcing a 600 empresas del tejido empresarial español, en la que un 51,4% de ellas ha recurrido alguna vez a la externalización de servicios desde el inicio de la crisis para mejorar la productividad de sus procesos.

Esto explicaría el fuerte impulso que el outsourcing ha sufrido en el último año, en el que sus servicios a empresas se han visto incrementados en un 55,3%, pasando del 33,1% de hace un año al 51,4% actual. Esto se debe a las fórmulas de flexibilidad y ahorro de costes que ofrece a las empresas, contribuyendo al aumento de su productividad y competitividad. Si bien es cierto que no existen momentos más propicios que otros para buscar la excelencia y la calidad, en circunstancias como las actuales un proceso de externalización se hace más esencial que nunca.
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El Gobierno se siente incómodo con la polémica cuestión de facilitar una reducción considerable del coste del despido precisando la regulación del que tiene lugar por causas objetivas. Es decir, por razones económicas, organizativas, tecnológicas y de producción.

Por esta razón, el Ejecutivo está estudiando que los convenios sectoriales definan mejor cuáles podrían ser estas causas dentro de cada rama de la actividad económica, a partir de unas líneas generales definidas en el Estatuto de los Trabajadores.
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El Tribunal Supremo determina en este complicado caso si una serie de empleados que trabajaban en una segunda compañía pueden demandar a su empleador una vez que éste ha dejado de serlo porque ha cedido su actividad a una tercera firma.

Los trabajadores prestaban sus servicios para una empresa en tareas de almacenaje, dentro de las instalaciones de una segunda compañía. Presentaron una demanda indicando que había una cesión ilegal de mano de obra y pidiendo que se les dejara optar a ser empleados de la segunda firma, que era mucho más grande y solvente.

Sin embargo, tras presentar la papeleta de conciliación y antes del juicio, la primera empresa cedió su actividad a una tercera, con lo que surgió la cuestión de si es posible seguir adelante cuando una de las demandadas ha desaparecido del escenario. Ante esta disyuntiva, el juzgado dio la razón a los profesionales, pero el Tribunal Superior de Justicia autonómico se la concedió al empleador. Por ello, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo.
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La estructura recaudatoria española es cínica y raquítica. Cínica, porque año tras año pone en el escaparate público, sin pudor alguno, las cuentas de una carga tributaria que solo pesa sobre los asalariados; raquítica porque se agota en el IVA (un impuesto sobre el consumo, sin relación con la equidad fiscal) y en el impuesto sobre la renta (IRPF).

El impuesto de sociedades fue dinamitado por los Gobiernos del PP mediante cargas estratégicas de desgravaciones y deducciones; hoy es un gruyère inocuo.
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La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) aboga en su último número de Cuadernos de Información Económica por “rehabilitar” el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, creando una nueva figura que grave ambos supuestos a un tipo fijo e incluyendo una elevada reducción o mínimo exento.

En un artículo firmado por varios profesores de la Universidad de Zaragoza, Funcas propone además eliminar del actual Impuesto sobre Sucesiones el ajuar doméstico, las reducciones personales y objetivas y los coeficientes multiplicadores, al tiempo que apuesta por reconsiderar la estructura existente de tipos de gravamen.
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Las corrientes de inversión extranjera directa (IED) hacia España descendieron casi un 80% en 2009 respecto al ejercicio precedente, al igual que las salidas de capital para inversiones en otros países, según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

En concreto, España pasó de tener entradas de inversión por valor de 56.983 millones de euros en 2008 (73.300 millones de dólares) a los 11.661 millones de euros de 2009 (15.000 millones de dólares), un 79,5% menos.

En el caso de las salidas de inversión a otros países, en 2008 se alcanzó un dato de 57.995 millones de euros (74.900 millones de dólares), frente a los 12.621 millones de euros de 2009 (16.300 millones de dólares), el mismo porcentaje de diferencia que en las entradas de inversión. En el informe España se sitúa en el puesto 20 en el ranking de IED y en el puesto 17 en el de salidas.

En términos globales, las corrientes mundiales de IED en 2009 se desplomaron un 37% y no superaron los 1.11 billones de dólares, tras la reducción del 16% registrada en 2008. Tras este descenso, según el informe se está produciendo una recuperación “modesta e irregular” y se prevé que las corrientes mundiales de IED superen los 1,2 billones de dólares.
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