Un funcionario de un ayuntamiento, con cargo de jefe de servicio, creó una aplicación de programa para la gestión tributaria en dicha entidad local. El programa fue utilizado de manera activa durante varios años por la institución y tiempo después, tras dejar su puesto, el funcionario solicitó al ayuntamiento que dejara de utilizar dicha aplicación por ser de su autoría. La entidad se negó a hacerlo, por considerarse también titular del programa.

En la presente resolución la Audiencia Provincial de Girona tercia sobre la propiedad del software mentado, considerando que el programa fue realizado por el funcionario a iniciativa propia, con sus propios medios, sin intervención alguna de los demás compañeros de trabajo y sin recibir instrucciones. La Audiencia recuerda también que la actividad de programación no entraba dentro de las funciones del autor y que la instalación en el área de trabajo del Ayuntamiento se realizó a instancias del mismo, solicitando incluso autorización al Alcalde.
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Los datos de Ministerio de Trabajo indican que el Fondo de Garantía Salarial pagó un total de 779,6 millones de euros, en prestaciones, durante los siete primeros meses de este año, un incremento del 66,8% comparándolo con los pagos realizados en el mismo periodo de 2009.

El FOGASA es el organismo encargado de pagar los salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuyas empresas están en quiebra o concurso de acreedores y se nutre de las aportaciones de las empresas, que destinan al mismo parte de sus cotizaciones a la Seguridad Social.
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El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la pensión de viudedad concedida a la mujer de un trabajador que falleció al sufrir un infarto cuando iba a recoger la furgoneta con la que realizaba su trabajo como representante de un comercio de recambio de piezas de vehículos, según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.

El TS, que anula la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) dictada hace ahora dos años, señala que el óbito no puede ser considerado accidente laboral al no haberse probado que el mismo tuviera conexión con su trabajo.
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Los datos los acaba de publicar la Agencia Tributaria (página 26 de este documento) y no dejan lugar a dudas sobre el aumento de la presión fiscal en los últimos años en términos individuales. En particular en el Impuesto sobre la Renta. Según esos datos, el IRPF devengado por persona y año ha pasado de 1.901 euros en 2004 a los 2.322 euros de 2008. Se trata, por lo tanto, de un incremento del 22% en menos de un lustro, lo que pone de manifiesto la intensidad de la subida.

El aumento de lo que hay que pagar a Hacienda por IRPF se ha producido pese a la reforma fiscal del año 2007, que rebajó el tipo marginal máximo del Impuesto sobre la Renta del 45% al 43%. La causa de este incremento de la presión tributaria individual tiene que ver con lo que los hacendistas denominan subida fiscal en frío, cuando los impuestos crecen como consecuencia del aumento de las bases imponibles (y no de los tipos impositivos) al tratarse de un impuesto progresivo. Hay que tener en cuenta que la renta bruta media por persona y año, según la Agencia Tributaria, se situó en 2004 en 17.301 euros, lejos de los 21.396 euros estimados para 2008, último año con datos disponibles. Los precios subieron durante esos años un 13,5%, lo que significa que apenas hubo ganancia del poder adquisitivo, como señala esta tabla del INE.
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Os dejamos el enlace a la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, publicada en el BOE el pasado 6 de agosto. Optamos por recoger la publicada en La Ley, por las características que hacen más cómoda la búsqueda y navegación.

Ley 32/2010

La pensión de jubilación de los trabajadores independientes es un 45,2% inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena. Mientras éstos cobran una prestación media de 1.100,10 euros mensuales, los autónomos perciben por jubilación un promedio de 602,97 euros al mes, según la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).

No obstante, la pensión media de los autónomos se ha incrementado un 2,9% en los seis primeros meses del año, respecto al año pasado. Crecimiento ligeramente superior al de la pensión media del Régimen General, que alcanzó el 2,27% durante el mismo periodo.

Además, ATA precisó que la pensión media de los autónomos es un 29,78% inferior a la del total de los regímenes de la Seguridad Social.

En concreto, de enero a junio, la pensión media de los autónomos ha subido en 15,48 euros, pasando de los 531,66 euros mensuales de diciembre de 2009 a 547,14. La pensión del Régimen General creció en 20,55 euros de media.

En el mismo informe, ATA señala que la pensión media de un autónomo es un 25,54% superior a la que percibe una mujer autónoma. Así, frente a los 638,45 euros de los hombres, la pensión media de las mujeres se sitúa en 475,37 euros.

Las pensiones que perciben los autónomos por jubilación y por incapacidad permanente son también superiores en el caso de los hombres, un 24,7% y un 14,66% más que las mujeres, respectivamente. En concreto, la pensión media que tiene un autónomo varón jubilado es de 677,94 euros, cantidad que desciende hasta los 510,46 euros en el caso de las mujeres autónomas jubiladas.

Por comunidades autónomas
País Vasco (625,79 euros al mes), Navarra (599,92 euros), Madrid (590,94 euros), y Ceuta (587,27 euros) presentan las pensiones medias de autónomos más elevadas. Por el contrario, los promedios más bajos se encuentran en Galicia (486,71 euros), Baleares (514,47 euros), Asturias (518,89 euros) y Cantabria (518,90 euros).

En cuanto a la pensión por jubilación, los autónomos del País Vasco son también los que más cobran (705,02 euros al mes), seguidos de los de Ceuta (678,52 euros), Melilla (664,9 euros), Madrid (661,48 euros) y Navarra (656,9 euros). En torno a la media se sitúan La Rioja (637,39 euros), Castilla-La Mancha (635,20 euros), Aragón (631,03 euros), Comunidad Valenciana (623,59 euros), Cataluña (616,08 euros), Murcia (615,17 euros), Extremadura (602,68 euros) y Andalucía (601,85 euros).

Por su parte, Galicia (531,40 euros), Asturias (568,75 euros), Baleares (569,66 euros), Cantabria (577,02 euros), Canarias (584,59 euros) y Castilla y León (598,06 euros) mantienen las pensiones medias de jubilación de los trabajadores autónomos más bajas, con una prestación media que no alcanza los 600 euros.

Expansión y Empleo

El PSOE ha introducido una enmienda en la reforma laboral que tramita el Senado con el objetivo de que los desempleados acudan desde el primer día a los cursos que ofrece el INEM bajo la amenaza de dejar de percibir la prestación.

La reforma laboral del Gobierno se está tramitando en el Senado. El próximo 25 de agosto está prevista su aprobación y su vuelta al Congreso para hacerla definitiva.

Una de las medidas más destacadas de esta reforma está relacionada con los cursos de formación que ofrece el INEM. Ahora los parados que reciben algún tipo de prestación que no acudan a los cursos desde el primer día podrán ser sancionados.

Hasta el momento, en teoría, los desempleados debían acudir a cursos de formación laborales o a itinerarios de inserción laboral también desde el primer día, pero tenían la opción de rechazarlos durante los cien primeros días. Sin embargo, el PSOE ha introducido una enmienda en el proyecto para obligar a los parados a aceptar cualquier tipo de curso desde el primer día bajo la amenaza de sanción, que puede ir desde la pérdida de un mes de prestación hasta la pérdida definitiva, según informa este lunes El País.

Si dicha enmienda es, finalmente, aprobada los resultados serán positivos para el Ministerio de Trabajo cuando llegue el momento de publicar las cifras del paro. En 2008 el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, decidió que a las personas que estaban apuntadas a los cursos de formación ya no se las consideraría desempleadas sino que se las catalogaría como demandantes de empleo no ocupados -DENOS-, no figurando así en las estadísticas oficiales de paro. De este modo, esta obligación de asistencia a cualquier curso que ofrezca Trabajo supondrá, en cualquier caso, una mejora en los datos del desempleo.

Lo que también queda en entredicho es la utilidad de estos cursillos: el INEM sigue sin conseguir colocar a los demandantes de empleo en el mercado laboral. El año pasado el Gobierno sólo colocaba al 2% en el mercado. La gran mayoría de parados lograron empleo gracias a la mediación privada.

Otra de las enmiendas que se han presentado en la Cámara Alta va destinada a las empleadas de hogar. El Gobierno considera que los salarios que reciben son muy bajos y que incluso un 30% lo obtiene en especie. Por ello, establece que deberán cobrar al menos el salario mínimo interprofesional, fijado en 633 euros mensuales en 2010, independientemente de que reciban alojamiento o comida.

Libertad Digital

Los juzgados de Palma de Mallorca acaban de dictar una sentencia ejemplar castigando con dos años de cárcel a unos “empresarios” que accedieron a la cuenta de correo electrónico personal de una trabajadora y enviaron 8 emails a contactos de la misma denigrando al resto de trabajadores de la empresa.

Esta sentencia remarca que no se puede invadir la intimidad del trabajador sin motivo aparente y que los datos personales del correo electrónico pertenecen a la esfera privada del individuo, vulnerando el derecho constitucional de intimidad del que gozamos todos.
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La CEOE defiende que se limite la prórroga de los convenios colectivos (conocida como ultraactividad) y que haya más materias pactadas que los empresarios puedan dejar de aplicar (el denominado descuelgue).

Estos son los dos principales asuntos cuya negociación con los sindicatos es “imprescindible”, según explica la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
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El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, declaraba el pasado fin de semana que los parados que rechacen un empleo no deberían cobrar la prestación. La ley actual ya permite la extinción de esta ayuda por distintos motivos. Así, en 2009 Trabajo retiró 237.054 prestaciones, fundamentalmente, por rechazos reiterados de ofertas de empleo y cursos formativos

Una de las enmiendas de Convergència i Unió (CiU) a la reforma laboral que fue incorporada al texto final, insta al Gobierno a establecer una mayor vinculación entre las políticas formativas a los parados y el cobro de su prestación por desempleo.
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El retraso de la edad de jubilación es prácticamente un hecho. La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo propondrá alargar la vida laboral más allá de los 65 años, según informa La Razón.

La inclusión de las rec