Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias
de colocación: “La intermediación en el mercado se trabajo se configura como un servicio
de carácter público, con independencia de los agentes que la realizan, que además de
incrementar las posibilidades de colocación de las personas trabajadoras en desempleo,
pretende configurar un mercado de trabajo cada vez más equilibrado que subsane las
disfunciones que impiden la adecuada casación entre ofertas y demandas de empleo.”
En este contexto la citada Ley modifica la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo,
procediendo a regular las agencias privadas de colocación, incluyendo las que tienen
ánimo de lucro, cuya actividad no permitía la normativa anterior, lo que supone complementar
la actividad que ya desarrollan los servicios públicos de empleo, con el fin de mejorar el
funcionamiento del mercado de trabajo, dotando para ello a los agentes que intervienen en
los procesos de intermediación y de colocación de más y mejores medios. Como fruto de
esta mayor intervención y mejor colaboración entre agentes públicos y privados se
conseguirá lograr una más eficaz intermediación, proporcionando a las personas
trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitando a los empleadores las
personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.Esta nueva regulación de agencias de colocación se enmarca en las medidas que
conforman la nueva agenda social que el Gobierno va a acometer en este periodo, todo
ello con el objetivo de responder con decisión a las profundas secuelas que está dejando
la crisis económica-financiera en nuestro mercado laboral. En este sentido, una de las
líneas de actuación acometidas ha sido el reforzamiento de los servicios públicos de
empleo, dotándolos de más recursos humanos, ampliando la plantilla de los mismos al
adicionar, a los 1.500 orientadores que ya venían desarrollando tareas de inserción laboral
de personas trabajadoras en desempleo, otros 1.500 promotores de empleo para el
refuerzo de la atención a la demanda y oferta de empleo en los servicios públicos de
empleo.