Una sentencia dicta que si el Fisco incurre en un defecto de forma y un tribunal anula la liquidación, Hacienda no podrá dictar otra como hace habitualmente.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCV) ha reconocido que el contribuyente tiene los mismos derechos y armas de defensa que Hacienda en las liquidaciones y, por ello, los sitúa en un plano de igualdad.
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado la nulidad del despido de una trabajadora al quedar probado que fue en represalia como reacción a una reclamación salarial, lo que constituye una lesión de la garantía de indemnidad.
La Sala, que estima las pretensiones de la trabajadora, considera que hay una conexión entre la reclamación salarial y el despido, “indicio que no se enerva con la explicación dada por la empresa y admitida por la juzgadora de instancia, según la cual la dificultad económica de la empresa justificó su actuación”.
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Los datos oficiales de la Seguridad Social referidos al año 2011 -reflejados en el último Informe Económico-Financiero- arrojan una conclusión descorazonadora. Al menos, el 75% de los afiliados ocupados está obligado a jubilarse a los 67 años. Es decir, dos años más tarde que hasta ahora.
El porcentaje es claramente superior a la cifra que estimaron hace unos días el Gobierno y los sindicatos -el 50%- en aras de dulcificar el acuerdo ante la opinión pública, pero lo cierto es que la realidad es muy distinta. Los datos del sistema público de protección social muestran, en concreto, con cifras de 2011, que el 75,71% de los afiliados ocupados ha nacido antes de 1960, año que marca la frontera entre los que se jubilarán a los 65 años y los que lo harán dos años más tarde de manera obligatoria. Como se sabe, el periodo transitorio para que entre en vigor la nueva norma ha quedado fijada en el año 2027. A partir de ese año, todos los trabajadores estarán obligados a pasar a la situación de retiro dos años más tarde que ahora.
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La embajada de Alemania en España ha colgado información en su web respecto a la posibilidad de encontrar trabajo, tal y como contempla el acuerdo de colaboración iniciado el 27 de enero entre ambos los servicios públicos de empleo de ambos países.
En concreto, el proyecto contempla el reclutamiento de personal cualificado español para trabajar en Alemania para los sectores de sanidad, ingeniería, docencia, hostelería y turismo. Según la web, las personas interesadas deberán de poseer un nivel intermedio de alemán (B1/B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).
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El correo electrónico de la empresa es de uso laboral y la empresa está legitimada para acceder al contenido de la cuenta de correo electrónico de un trabajador. La empresa no necesita el consentimiento de los trabajadores para poder acceder a esas cuentas, independientemente de que el trabajador pueda hacer uso de las mismas para asuntos personales.
Lo que sí debe tener en cuenta la empresa es que, en virtud del artículo 5.1 de la LOPD, debe informar previamente al trabajador de este aspecto y fijar las reglas de uso de esas cuenta de correo, así los trabajadores sabrán claramente cómo deben utilizar esas cuentas, los controles que la empresa puede establecer para asegurarse de que se cumple ese uso e incluso contemplar la posibilidad de que en ausencia del trabajador se pueda acceder a la información contenida en esas cuentas.
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El Gobierno sigue haciendo encaje de bolillos para intentar que la financiación llegue a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, asfixiados por las restricciones crediticias de las entidades financieras y el endurecimiento de las garantías.
Por este motivo, y dentro del paquete de medidas de dinamización de la economía, el Ejecutivo ha informado ya favorablemente la ampliación del convenio impulsado por el Ministerio de Industria, a través de al Dirección General de la Política de la Pequeña y Mediana Empresa (Dgpyme) por el que el Estado asume el aval de los créditos solicitados por los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores autónomos para proyectos de ampliación o iniciación de actividades y negocios.
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El Gobierno y los agentes sociales han conseguido finalmente esta madrugada cerrar un principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para llevar a cabo la reforma de la negociación colectiva.
Tras una maratoniana reunión que ha finalizado pasadas las cuatro de la mañana, las partes han acordado continuar negociando en los próximos días sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral.
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El Gobierno consigue su gran objetivo de retrasar la edad legal de jubilación: para cobrar la totalidad de la pensión hará falta haber cotizado 37 años. Aumenta de 15 a 25 años el tiempo de contribución para calcular la prestación.
El Gobierno ha conseguido su objetivo central con la reforma de las pensiones al ampliar sustancialmente el tiempo de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores y, por lo tanto, de vida laboral, para poder acceder a una pensión a partir del 1 de enero de 2013. Es la reforma del sistema de pensiones más importante desde la Transición a la Democracia, que persigue un importante ahorro para la Seguridad Social. El preacuerdo, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, forma parte de un paquete más amplio que persigue un amplio pacto social. Los cambios más relevantes que se plasman en el preacuerdo conseguido ayer con los sindicatos y la patronal son los siguientes:
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La batalla del día a día de muchas empresas radica en abrirse canales de financiación para aumentar sus ventas, sus activos mediante inversiones o incluso acometer reestructuraciones que le permitan capear la crisis mediante la obtención de financiación.
El dinero y las corrientes de tesorería, son denominadas por muchos como la sangre de la empresa y por ello, vamos a dar cinco consejos prácticos para mejorar u obtener financiación en la empresa.
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En las reuniones laborales es frecuente encontrarnos estancados por las posturas o roles de los participantes. Según el psicólogo Edward de Bono esto se puede llamar pensamiento reactivo, un tipo de comportamiento basado en el diálogo y la argumentación pero sin generar propuestas. Es decir, defender una postura sin más.
En contraposición a esta habitual forma de pensar encontramos un pensamiento centrado en producir propuestas, generar alternativas y evaluar las prioridades de aquellas que se han realizado. El autor lo definió como pensamiento creativo y generó un curioso método para ser implementado en reuniones y lograr superar el atasco de las posturas reactivas. Es la llamada técnica de los seis sombreros.
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El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha informado hoy de que hay un principio de acuerdo con empresarios y sindicatos sobre la reforma de las pensiones. Fuentes próximas a la negociación han confirmado que se ha logrado un pacto sobre el tiempo de cotización necesario para cobrar la totalidad de la pensión en 38,5 años para aquellos que se jubilen a los 65 años. Las negociaciones seguirán durante la jornada de hoy.
El Gobierno y los sindicatos seguirán hoy negociando parar cerrar los flecos del acuerdo de la reforma de las pensiones “dentro de un pacto global” que incluye políticas activas de empleo, desarrollo del reglamento de la Reforma Laboral, negociación colectiva y políticas energéticas.
Según destaca un comunicado de Trabajo, se espera que hoy “se cierren los capítulos pendientes”. Aunque el Ministerio no da detalles, fuentes próximas a la negociación avanzan que el principio de acuerdo contempla ampliar hasta los 67 años la edad de jubilación, aunque los trabajadores con 38,5 años cotizados podrían hacerlo a los 65 años con la totalidad de la pensión.
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La primera sentencia firme en España que admite la entrega de llaves de un piso para poner saldar una hipoteca fue dictada el pasado 17 de diciembre de 2010 por la Audiencia Provincial de Navarra. En una resolución redactada por el magistrado Francisco José Goyena Salgado, el citado Tribunal establece que “el valor de la finca es suficiente para cubrir el principal de la deuda reclamada”. Por lo tanto, se establece que no es necesario que el deudor pague la diferencia entre lo que le quedaba por pagar y el precio pagado en la subasta por la entidad bancaria.
Esta disposición es histórica, puesto que es la primera vez que una Audiencia Provincial dicta una resolución firme (contra la que no cabe recurso, excepto ante el Tribunal Constitucional) en la que admite que la entrega de las llaves de un piso es suficiente para saldar una deuda hipotecaria si el valor de tasación es superior a lo que queda por pagar. Si se aceptase esta doctrina, millares de propietarios podrían dirigirse a sus oficinas para hacer entrega de las llaves de sus casas.
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Hace 2 días hablamos de la inutilidad de la Ley Sinde a la hora de acabar con las webs de enlaces a las páginas de descargas. Esa inutilidad contrasta con los posibles efectos que esta norma puede traer sobre el resto de la industria que hay alrededor de internet. La inseguridad jurídica en la que pueden verse miles de empresas que basan su modelo de negocio en la red podría provocar una huída de éstas del país y su establecimiento en otros lugares.
Dentro de unos días Angela Merkel vendrá a España con ofertas de trabajo para miles de trabajadores cualificados que pueden encontrar en Alemania el trabajo que España no puede ofrecerles. A esta huida de talento se podría añadir la marcha de muchas de esas empresas de tecnología que, viendo los inconvenientes que puede haber en España a la hora de realizar negocios a través de internet, decidan instalarse en otro país que sí les ofrezca garantías.
No estamos hablando de que otras miles de personas se marchen de España, sino de personas que desde cualquier parte de España puedan crear, gestionar o trabajar en empresas domiciliadas en Reino Unido, Irlanda, Chipre o incluso Estados Unidos y que siendo compañías total y completamente legales dejarán de pagar impuestos en España y podrán seguir desarrollando su actividad en cualquier país del mundo.
Dependiendo del lugar escogido, los costes de crear y mantener una sociedad en estos países apenas puede llegar a 3.000 euros al año. Cada país tiene una legislación distinta y hay que estudiar las condiciones de cada uno y cuál puede ser el destino más atractivo, pero estamos hablando de empresas legales, que se van a instalar en paises de la UE o en algunos Estados de USA (Delaware o Nevada, por ejemplo) y que no van a tener ninguna vinculación administrativa con nuestro país por lo que pagarán los impuestos en su país de origen.
Hay muchas maneras legales de que los trabajador puedan estar vinculados a estas sociedades y ni siquiera se requiere que los fundadores y accionistas de estas empresas tengan que desplazarse hasta ese país para realizar ningún trámite, se tardan de 1 a 5 días crean sociedades listas para operar.
Internet es algo más que frikis y piratas, hay empresas serias que operan y desarrollan actividades empresariales a través de la red, que crean puestos de trabajo, que pagan impuestos, etc. Se trata de que los Gobiernos creen las condiciones apropiadas para que este tipo de negocios puedan desarrollarse y generar riqueza. Desde luego esta nueva norma va en sentido contrario y puede que un día muy próximo las TIC de nuestro país decidan irse.
Eso es internet, desde mi casa puedo tener una empresa en Chipre o en el Reino Unido, crearla, gestionarla y pagar allí impuestos, todo legal, todo cristalino y sin moverme de mi casa. Lo que me cuesta mantenerla me lo ahorro en impuestos y las posibles molestias de estar aquí y tener la empresa allá se superan con el tiempo, a todo se acostumbra uno. Me gustaría no tener que recurrir a ello, pero los políticos de aquí no me ayudan.
El índice de los empleados a distancia en España es del 8%; mientras que en países nórdicos como Finlandia es del 17% – El cambio requiere una nueva cultura empresarial y un tejido productivo más centrado en el conocimiento.
En Estados Unidos, algunos trabajadores se levantan con la alarma del despertador, se duchan, se visten y, a continuación, en lugar de coger el coche o el transporte público, encienden un ordenador en su propia casa. Desde allí, con una taza de café en mano, saludan por Skype a otros compañeros que, como ellos, no acudirán a la oficina. Son los teletrabajadores, una fuerza laboral que en España todavía representa aproximadamente al 8% de los empleados, frente al 15% de EE UU o el 17% de países nórdicos como Finlandia.
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La retención por una sociedad acreedora a la concursada no le otorga a aquella un derecho especial para aplicar esa suma a extinguir su crédito, según establece una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de 4 de enero de 2011.
El ponente, el magistrado juez Fuentes Devesa, determina que esa compensación produciría un perjuicio al resto de los acreedores porque la misma funciona como una forma extintiva de las obligaciones, generadora entonces de una situación de privilegio en favor del retenedor no prevista en el artículo 90 de la Ley Concursal, ya que daría un trato desigual a acreedores de la misma clase.
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La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a “flexibilizar” y rebajar su propuesta inicial de cotizar 41 años para poder jubilarse a los 65 años con el cien por cien de la pensión.
Salgado, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha recordado que el 40% de las personas que se jubilan actualmente a los 65 años tienen más de 40 años cotizados, por lo que ha aclarado que el Gobierno no está planteando nada distinto a lo que ya ocurre en el sistema de pensiones.
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