La prejubilación no existe como figura legal, pero está más que aceptada en la práctica de las empresas, sobre todo de las más grandes: el último ERE de Telefónica, que afectará a 8500 empleados, y la intención del Gobierno de imputar a las compañías los costes de las prejubilaciones que estas derivan a las arcas públicas han reabierto el debate sobre esta forma de ajustar plantillas. Estos son los tres grandes modelos de prejubilaciones:

Modelo 1: Sin coste público
Es el tipo de prejubilación por el que ha optado la gran banca, y aún hoy lo siguen haciendo las dos o tres mayores entidades del país, según expertos del sector. No tiene coste público.
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El Tribunal Supremo (TS) privilegia la intimidad del empleado sobre la capacidad de control de la empresa del uso abusivo del ordenador y considera improcedente el despido de un trabajador que cometió una falta muy grave.

En una auditoría interna que realizó la compañía Font Salem en sus redes de información para revisar la seguridad del sistema y detectar posibles anomalías en su uso, salió a la luz que desde un ordenador que el trabajador despedido utilizaba se accedió, en horas de trabajo, en 5.566 visitas, a páginas ajenas a su labor.
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La Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA), es una empresa de capital público dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa DGPyme, que pretende proporcionar a las pymes instrumentos y fórmulas de financiación a largo plazo que les permitan reforzar sus estructuras financieras.

Una de las acciones que ENISA promueve son las líneas de financiación para jóvenes emprendedores, a través de las cuales se pretende estimular la creación de empresas por jóvenes empresarios, facilitando a través de préstamos participativos, el acceso a una financiación preferente con la única garantía de su proyecto empresarial.
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El Ministerio de Trabajo publicó ayer una orden por la que elimina de golpe la compatibilidad que ahora pueden disfrutar los trabajadores que cobran la pensión pública y que pueden seguir ejerciendo hasta que perciban la pensión privada que les corresponde de su Mutualidad de Previsión Social: abogados, ingenieros, arquitectos o médicos que ahora podían disfrutar de este beneficio ya no lo tendrán, lo que supone un impacto no sólo para los profesionales, sino también para las entidades alternativas al régimen de autónomos (RETA).

Los profesionales que están cotizando en el sistema público y a la vez en las mutualidades de previsión social, disfrutaban de esta ventaja para sus afiliados y que introdujo la Ley de1995.
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El Ejecutivo aspira a aprobar una nueva legislación que abre la puerta a un sistema de gestión de residuos que podría acarrear un coste de 500 millones a un sector ya castigado: la puntilla para el maltrecho sector del comercio, que en los últimos años ha asistido al cierre de 40000 establecimientos y que padece en la actualidad caídas de facturación de en torno al 9%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

El golpe vendrá de la mano de una ley de residuos urbanos que se votará el próximo lunes en la Comisión de Medio Ambiente. Una ley que ha pasado desapercibida durante su tramitación pero que entraña un golpe que afecta al comercio y, de forma colateral, a todo el sector de la distribución.
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Anulación de un ERE que afectaba a 116 trabajadores de una empresa concursada por su posible integración en un Grupo empresarial, lo que podría modificar la aparente situación negativa de sus cuentas.

El TSJ País Vasco estima los recursos de suplicación acumulados interpuestos contra los autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza que autorizó la extinción de la relación laboral de una empresa concursada y los trabajadores afectados por la medida, y la anula y deja sin efecto a fin de que en la resolución final del expediente concursal se analice y de respuesta a la cuestión planteada sobre la integración de la concursada en un Grupo empresarial y su eventual repercusión sobre las causas económicas invocadas para la extinción de los contratos.
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El Gobierno inicia hoy las reuniones con los agentes sociales para realizar la segunda reforma laboral: ocho meses después, el Gobierno, presionado por los empresarios y los sindicatos, ha decidido simplificar todo el sistema de contratación español y darle una vuelta a las indemnizaciones por despido.

No se ha marcado ningún límite, ni siquiera el intocable despido improcedente de 45 días por año. El objetivo es hacer los contratos más simples, prácticos y atractivos para facilitar a las empresas la creación de empleo. Y, por supuesto, evitar que el miedo a despedir se convierta en miedo a contratar.
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Fedatarios y registradores, que se acusan mutuamente de atascar el proceso, serán sancionados con multas si obstaculizan la constitución telemática.

El Gobierno se ha visto obligado a intervenir para paliar la disputa que desde hace meses mantienen notarios y registradores mercantiles respecto a la creación de empresas por vía electrónica. Ambos colectivos se acusan de torpedear una de las medidas anticrisis del Ejecutivo para facilitar la afloración rápida y sencilla de compañías (ver EXPANSIÓN del pasado 25 de abril). Una medida que, aunque lleva aprobada desde 2010, no ha acabado de dar los resultados que se proponía.
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Según un estudio deFortune sobre las características más valoradas por los empleados, el trabajo en equipo ocupa la primera posición; sin embargo, ¿quién no ha deseado alguna vez trabajar en solitario? Así se evita a los hipócritas, a los que no renuncian a moverse en mayoría, a los mentirosos o a los siempre felices y capaces de desquiciar al más pintado. Descubra quiénes son. No diga que le han pillado por sorpresa.

¿Qué ha pasado con el individualista? ¿Con el talento que surge en solitario? Jonathan Littman y Marc Hershon defienden en su libro Cómo rebelarse en la empresa la figura del solista, de la persona que encaja sin problemas en un grupo, pero que necesita su espacio, su soledad y un poco de tranquilidad para sacar lo mejor de sí mismo y poder realizar sus tareas e incluso encaminar su carrera.
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Según las estadísticas del INE, uno de cada cinco negocios cierra antes de cumplir su primer año ¿A qué se debe? ¿Existen errores tipo que se podrían solventar?. “A veces se peca de optimismo con las cifras de venta cuando se elabora un plan de negocio”, explica Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid, una de las sociedades de garantía recíproca que prestan financiación a emprendedores en forma de avales.

En su opinión, “es un problema porque la gente se cree que poner en marcha una empresa es abrir la puerta el primer día, y se olvidan de que hace falta un fondo de maniobra para imprevistos que surjan, como un descenso del 20% en las cifras de ventas estimadas, o un exceso de gastos”.
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No entregar una copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores de la empresa supone que el despido sea considerado nulo, según establece la nueva doctrina establecida por el Pleno de la Sala de lo Social, del Tribunal Supremo, recogida en una sentencia del 7 de marzo de 2011.

La decisión motivó que el ponente, el magistrado Martín Valverde, mostrase su desacuerdo con la tesis mayoritaria de la Sala y que formulase un voto particular, por lo que se ha encomendado la redacción de la ponencia a la magistrada Segoviano Astaburuaga.
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Con la publicación hoy en el BOE de una Instrucción de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de Junta General, queda eliminada la última traba administrativa para la constitución de sociedades express.

Esta instrucción hace que ya no sea necesaria la presentación en el Registro Mercantil del documento de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuando se proceda a constituir este tipo de sociedades.
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En este caso el tribunal resuelve una demanda a favor de un trabajador cesado indicando que esta decisión no puede basarse únicamente en que no resulta rentable por sus continuos procesos de incapacidad temporal, por lo que lo declara nulo.

El trabajador había padecido varios procesos de incapacidad de distinta duración que le habían impedido acudir a su puesto en numerosas ocasiones. La empresa le despidió alegando que su contratación no era rentable por sus continuos procesos de incapacidad temporal, reconoció la improcedencia del cese y consignó la indemnización legal. El empleado interpuso una demanda pidiendo la nulidad y su reincorporación.
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Tras varias vicisitudes en la presentación del citado acuerdo a la Dirección General de Trabajo, (esta presentación debe hacerse a través de medios informáticos, que hasta hace poco tenían problemas en su aplicación), el pasado lunes 23 de mayo, el Boletín Oficial del Estado, en el punto III OTRAS DISPOSICIONES, del MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION, con el número de orden 8984, publica la Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, la tabla salarial del V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.
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Un juez ha negado la solicitud de redacción de jornada realizado por una trabajadora para cuidar de su hijo, al considerar que su intención no era atender al menor sino blindarse ante una posible amenaza de reducción empresarial.

El juez Sánchez Icart, titular del Juzgado Social nº 3 de Tarragona, considera en una sentencia de 17 de marzo de 2011 que la guarda legal solicitada por la trabajadora a la empresa es una reacción a las negociaciones que habían iniciado unos días antes, para tratar de evitar que pudieran despedirla por la situación de crisis de la empresa.
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Partes de baja falsos, depresiones inventadas o lumbalgias imaginarias son algunas de las excusas que aluden algunos trabajadores para ausentarse de sus puestos. Una fórmula que les supone a las empresas y a la Seguridad Social pérdidas de alrededor de 800 millones de euros. Pero, ¿qué herramientas tiene la empresa para pillar estas mentiras?

A pesar de que, según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas que faltan a su trabajo ha descendido un 20%, la firma de detectives privados Zenit ha observado un incremento de las investigaciones por bajas fraudulentas en los primeros meses de 2011.
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