Aprobada la reforma laboral, la del SPEE es la otra patata caliente que aún nadie se ha atrevido a abordar. Entre otras cosas, por su complejidad. El sistema español es, junto al belga, el único en Europa con una fuerte descentralización de competencias, lo que ha generado una preocupante desigualdad entre comunidades autónomas en políticas activas, utilización de recursos, control y seguimiento.

Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo, reconoce las carencias, entre ellas, la ausencia de un sistema informático único que integre los datos de la red autonómica. “No hay un historial único por demandante, es uno de los problemas clave de gestión a resolver”, asegura. Y añade que, al igual que se hizo en la reforma laboral, se están estudiando los modelos europeos para incorporar buenas prácticas. “Hay elementos de los servicios de empleo de Francia, Alemania o Reino Unido que funcionan muy bien, sobre todo su carácter de agencia pública independiente y la eficacia de los sistemas electrónicos”.
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Dadas las actuales circunstancias económicas, con un millón de parados más que hace un año, las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) deberían tener una actividad frenética. Sin embargo, los únicos funcionarios desbordados por el trabajo son los que registran las demandas de largas colas de parados para cobrar la prestación. ¿Qué ocurre con el resto de servicios de intermediación entre ofertas y demandas de empleo; y con la orientación y formación a los parados que deberían impartir estas oficinas?.
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La profunda recesión que sufre España empieza a poner en riesgo no sólo las cuentas actuales del Gobierno, sino también las reservas del Estado.

Nunca había aumentado tanto el paro como en el pasado enero (con 198.000 desempleados más), ni tampoco había caído la afiliación a la Seguridad Social, con 350.000 trabajadores menos.
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