La nueva Ley de Morosidad instaura unos plazos de pago máximos obligatorios: 30 días para el sector público y 60 para las empresas, quedando prohibido dilatar esas franjas mediante un pacto entre las partes. Para facilitar la adaptación a esta nueva situación, se permitirá una reducción escalonada de los plazos, hasta el punto de no retorno de 2013. Así, las empresas deberán pagar las facturas a sus proveedores en no más de 85 días desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011, en un plazo 75 días en 2012 y de 60 días, definitivamente, desde 2013, año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector Público.

Sin embargo, la nueva norma no garantiza el cobro: si éste no se produce, comienza el consabido viacrucis judicial en el que al final quien siempre pierde es el demandante, si no el dinero sí el tiempo. Una buena gestión de impagados puede ahorrar muchos disgustos.
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El Pleno del Senado aprobará hoy -salvo giro dramático de última hora- la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, que pasará al Congreso de los Diputados para su ratificación final.

La nueva norma instaurará unos plazos de pago máximos obligatorios de 30 días para el sector público y de 60 para las empresas. Se prohibirá dilatar esas franjas mediante un pacto entre las partes. Para facilitar la adaptación a esta nueva situación, se permitirá una reducción escalonada de los plazos, hasta el punto de no retorno de 2013. Así, las empresas deberán pagar las facturas a sus proveedores en no más de 85 días desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011, en un plazo 75 días en 2012 y de 60 días, definitivamente, desde 2013, año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector Público.
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«Es mejor llorar sobre tus cajas de mercancía que sobre las facturas que no cobraste». A este dicho mexicano se aferraría más de un autónomo y más de una pequeña o mediana empresa (pyme), si no fuera porque la relación con sus contratistas está férreamente marcada por el diapasón de los plazos de pago que permite la actual Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Pero el día en que la morosidad deje de asfixiar indefectiblemente a miles y miles de pymes se acerca a medida en que la reforma de dicha norma va tomando cuerpo en el ámbito parlamentario.
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La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó este martes la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas a partir de 2013.

Asimismo, los grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo ‘in extremis’ para eliminar la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley, el conocido como “pacto en contrario” con el voto en contra del PSOE.
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La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados vota hoy la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 sobre morosidad en las operaciones comerciales. Esta iniciativa, propuesta por CiU, instaura el pago de las facturas del sector público a 30 días y de las empresas a 60 días, y elimina la posibilidad de que las compañías pacten un plazo mayor con sus proveedores.

Si la reforma sale adelante y se logra bajar de los actuales 101 días a 60 días el plazo medio de pago entre compañías se inyectarían en el tejido de las pequeñas y medianas empresas (pymes) más de 6.400 millones. Y más de 3.000 a las grandes firmas, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).
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