La Seguridad Social podrá invertir el excedente que genera la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo en deuda soberana. En concreto, la Tesorería del instituto público podrá destinar el 90% de los 3.800 millones de euros que constituyen el Fondo de Prevención y Rehabilitación -nombre oficial de estos recursos- a comprar bonos del Estado, según acordó ayer el Consejo de Ministros desarrollando una previsión de los Presupuestos de 2010.

El objetivo de la decisión es aumentar la rentabilidad de este dinero, depositado hasta ahora en el Banco de España. Por eso precisamente, la Seguridad Social no informa de las subastas de bonos a las que prevé acudir. No obstante, sí que apuntan que lo lógico es que se compre deuda española, siguiendo el camino del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (poco más de 60.000 millones) que tiene gran parte de sus inversiones -más del 75%- en bonos españoles.

El País

Sobran las críticas y falta tiempo para acordar una reforma laboral a gusto de todos. El Gobierno es consciente de que se acabó el tiempo de jugar a las negociaciones. La presión pública aumenta y hay que zanjar de una vez el diálogo social.

Desde esta perspectiva, Trabajo tiene puesta la mirada sobre las mutuas de accidentes laborales, llamadas a convertirse en la cabeza de turco de la reforma en ciernes. El Departamento de Corbacho quiere cerrarles el grifo de las cotizaciones sociales de las que actualmente se nutren para cubrir la asistencia sanitaria (bajas médicas, fundamentalmente) de más de 13 millones de trabajadores.
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La competencia entre mutuas nunca ha tenido sentido y ha contribuido gravemente a deformar su funcionamiento.

Una circular de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social trata de ponerle coto y recuerda la obligación de presentar un informe valorativo del Comité de Empresa o de los delegados de personal junto a la solicitud de cambio de mutua.
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Los médicos de las mutuas de accidentes de trabajo seguirán sin poder dar el alta médica de sus pacientes.

Así se desprende de las afirmaciones que hizo ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado quien rechazó esta posibilidad y, como alternativa, abogó por aumentar la colaboración entre los servicios públicos de salud, el INSS y las mutuas a la hora de gestionar las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores.
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Corbacho negó rotundamente ayer que las cuentas de la Seguridad Social puedan entrar en déficit en 2009, como dijo el gobernador del Banco de España. Ministro, patronal y sindicatos recriminaron a Ordóñez que cree alarmismo en torno a las pensiones.

‘Discrepo radicalmente’ espetó ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre la previsión expuesta el miércoles por el gobernador del Banco de España, que destacaba que las cuentas de la Seguridad Social podrían entrar en déficit durante este año. Corbacho garantizó que el superávit -un 1,3% del PIB a finales de 2008- se mantendrá al cierre de 2009. La estimación del ministerio es que llegará a diciembre con un resultado positivo del 0,3%.
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El Tribunal de Cuentas ha detectado pagos indebidos con cargo a la Seguridad Social, por un importe de 14,9 millones de euros, en su informe sobre las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que acaba de ser remitido al Parlamento.

La entidad fiscalizadora anuncia que enviará sus datos a la Sección de Enjuiciamiento para depurar las posibles responsabilidades contables.
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Seguridad Social crea una oficina de reclamaciones (a través del teléfono y de Internet) para los trabajadores y las trabajadoras que manifiesten disconformidad con la atención recibida por parte de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional.

Muchos trabajadores y trabajadoras manifiestan su insatisfacción y disconformidad con los servicios y prestaciones que reciben por parte de las mutuas. Los delegados y delegadas de prevención canalizan una buena parte de ese malestar y muchas veces la información no acaba llegando a Seguridad Social que es quien debe controlar la actuación que desarrollan las mutuas.
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Por si no fuera suficiente la batalla sobre la oportunidad de hacer una reforma laboral y abaratar el despido, en medio del diálogo social el Gobierno y la patronal CEOE han abierto otro frente.

En esta ocasión, es la decisión de la Seguridad Social de exigir a las empresas algunas condiciones para poder cambiar de mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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El 48% de las empresas que realizan el servicio de prevención de forma interna cuenta con menos de cinco trabajadores asignados al mismo, en tanto que el 25% dispone de más de diez empleados.

El 43% de las grandes compañías tiene externalizado su servicio de prevención de riesgos laborales, según el informe ‘La Demanda de Cobertura y Prevención de Riesgos Laborales en Grandes Empresas’, de DBK. El estudio, realizado a partir de 160 entrevistas con empresas españolas con una facturación superior a los 100 millones de euros, señala que este porcentaje se sitúa cercano al 50% en el caso de empresas con ingresos de 500 millones de euros o menos y se reduce al 26% en aquellas con facturaciones superiores a los 1.000 millones de euros.
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El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha dictado una Orden sobre las contraprestaciones que reciben las empresas que colaboran con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social por los servicios de gestión administrativa que prestan.

Esta Orden, que modifica la normativa anterior, supone una mejora para las empresas de más de 250 trabajadores y regula el régimen de incompatibilidades para evitar que puedan figurar como colaboradoras personas que no prestan efectivamente sus servicios a las empresas.
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