Antes de desencadenar, a finales de enero, la encendida polémica sobre el retraso de la edad de jubilación a los 67 años en su propuesta sobre la reforma de las pensiones, el Gobierno ya había puesto en marcha un recorte de las prestaciones que, debido a su baja cuantía, ha pasado casi desapercibido.

El equipo de Rodríguez Zapatero, con el respaldo del Parlamento, ha utilizado una vieja fórmula para «colar» iniciativas polémicas, el «cajón de sastre» que es la ley de Acompañamiento a los Presupuestos.
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El Gobierno acaba de unificar el sistema de pago de haberes de las clases pasivas del Estado. La nueva disposición fija que los pensionistas que hayan sido empleados públicos reciban su pensión únicamente vía transferencia corriente a su cuenta bancaria. Ello significa la eliminación de otros procedimientos, entre los que se encuentran el cheque nominativo, el talón y el abono a través del habilitado de clases pasivas.

Los pensionistas que hasta ahora cobren por estas vías podrán seguir haciéndolo, ya que la medida sólo afecta a los nuevos. Este cambio favorece, obviamente, a los bancos, que dispondrán de más recursos para su negocio; a los habilitados, que tendrán menor trabajo a partir de ahora, y a la Administración, que podrá suprimir empleos, ayudados por la técnica bancaria.

Cinco Días

Las jubilaciones privadas tampoco están libres de problemas. La crisis ha disparado lo que podría denominarse como impagos de las empresas e instituciones a los planes de pensiones que tienen constituidos para sus empleados.

Esta morosidad se multiplicó por seis, hasta 75,3 millones de euros, según los últimos datos publicados en el informe anual Planes y Fondos de Pensiones en 2008 de la Dirección General de Seguros.
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El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dijo en una entrevista publicada el lunes que el Gobierno no retirará el plan para retrasar la edad de jubilación, pese a las amenazas de sindicatos.

“El Gobierno ha enviado una propuesta sobre pensiones al Congreso de los Diputados y no lo va a retirar. Con manifestaciones o sin ellas”, dijo Corbacho en una entrevista con el diario El Mundo.
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Cuándo, cómo y por qué. Son los tres interrogantes que han asaltado a la mente de los trabajadores, tras conocer que el presidente Zapatero pretende elevar hasta los 67 años la edad legal de jubilación.

A pesar del polvorín que ha suscitado la medida “CCOO ya ha anunciado que se movilizará si no retira esta propuesta”, la reforma oficial que está encima de la mesa contiene otro puntapiés para los futuros pensionistas.
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El Gobierno propone permitir a los trabajadores que cumplan los 65 años poder acceder a su plan de pensiones privado de jubilación aunque se mantengan en activo.

Esta medida, que se incluye en el informe del Ejecutivo para la reforma de pensiones, busca incentivar la permanencia en el mercado de trabajo más allá de la edad legal de jubilación.
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La reforma de las pensiones planteada por el Gobierno al Parlamento, la patronal y los sindicatos afecta, y castiga, a todo el mundo. A los asalariados, los pensionistas, las empresas y a los autónomos. Castiga porque se trata de una reforma de calado y, en ese sentido, pretende poner orden en el sistema de protección social durante un largo periodo.

Sintetizamos desde WorkPress las puntualizaciones y matices que durante estos días han ido publicando diversos medios.
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El grupo parlamentario que componen ERC, IU, e ICV ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que propone que los trabajadores en situación de jubilación anticipada “forzosa” perciban íntegra la pensión al cumplir los 65 años, siempre y cuando se acredite un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años.

El texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para que aquellos prejubilados como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo “en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador” no se vean “penalizados” por los coeficientes reductores que se aplican a sus pensiones cuando alcanzan la edad legal de jubilación.
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El Ministerio de Trabajo ultima su propuesta de reforma del sistema de pensiones, que estudiará el Consejo de Ministros del próximo viernes. El Gobierno remitirá estas propuestas a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, donde están representados todos los grupos parlamentarios, y que será quién tendrá la última palabra sobre la reforma.

Según ha podido saber ABC, una de las propuestas del Ejecutivo es elevar de manera gradual, de 15 a 20 años, el periodo que se utiliza para calcular la cuantía de las pensiones. Se trataría de que a partir de 2011 se fuera sumando un año cada ejercicio hasta completar los 20 en 2015. Es decir, para calcular la pensión de un trabajador que se jubile el próximo año se tendrían en cuenta los últimos 16 cotizados, en lugar de los 15 actuales.
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Los portavoces de PSOE, PP y CiU en la Comisión del Pacto de Toledo han elaborado un “guión” con las materias que el Ministerio de Trabajo e Inmigración debe plantearse para una “reforma integral” de la pensión de viudedad que incide en el incremento de la base reguladora empleado para el cálculo de estas prestaciones, el estudio de límites de edad para su percepción y la revisión de la compatibilidad con otras pensiones.

El documento, al que tuvo acceso Europa Press, fue remitido al departamento que dirige Celestino Corbacho el pasado mes de diciembre y pide que se estudie la posibilidad de conceder diferentes pensiones “temporales” de viudedad hasta determinados tramos de edad, siempre teniendo en cuenta como “elemento clave” la existencia o no de hijos.
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