La reforma de las pensiones se acerca a su recta final. Después de más de un año de negociación entre los grupos políticos, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo parece que está a punto de plantear las líneas básicas que dibujarán la modificación del sistema de pensiones.

De hecho, ayer mismo, la portavoz de Seguridad Social del Partido Socialista, Isabel López i Chamosa, afirmó que la ampliación de 15 a 20 años del periodo de cálculo con el que se computa la cuantía de las pensiones “es uno de los consensos más generales que hay, porque se haría muy poco a poco y paulatinamente y no se perjudicaría excesivamente a nadie”.
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La pensión mínima de jubilación para las personas de 65 o más años con cónyuge a su cargo será de 10.225 euros anuales en 2011, mientras que para los beneficiarios menores de esa edad será de 9.611 euros al año.

De acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que ha sido presentada este jueves, las pensiones mínimas serán las siguientes:

Si la persona jubilada tiene 65 o más años y carece de cónyuge recibirá una pensión mínima de 8.311,80 euros y si no ha cumplido esa edad cobrará 7.774,20.
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España debería ahorrar 170.000 millones de euros anuales durante los próximos 40 años, lo que equivale a un 18% del PIB, para que los ciudadanos mantengan el nivel de vida actual tras la jubilación, según el estudio ‘Un déficit significativo-Cálculo del desajuste en las pensiones en Europa’ elaborado por Aviva en colaboración con Deloitte.

En los próximos 40 años, 24 millones de personas se jubilarán en España, lo que representa más de la mitad de la población actual. En este momento el ahorro en productos financieros de previsión social en España es de 266.203 millones de euros y debería aumentar en 170.000 millones anuales.
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El 74% de los españoles se opone a retrasar la jubilación y el anuncio del Gobierno en este sentido es una de las causas de la huelga general. Esta semana, Francia ha tenido un paro por este motivo. Y la pregunta clave es: ¿por qué tienen que decidir los políticos cuándo se jubilan sus ciudadanos?

En los últimos meses, han sido numerosas las ocasiones en las que los políticos han lanzado mensajes sobre la insostenibilidad del actual sistema público de pensiones. La lógica parece aplastante: cada vez hay menos cotizantes por pensionista. La esperanza de vida aumenta, con lo que una persona con 65 años tiene, de media, unos 20 años por delante para cobrar su paga. Por otra parte, desde mediados de los años 70, han nacido menos niños en España, por lo que no existe un adecuado relevo generacional.
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Se congelan las pensiones

8 / septiembre / 2010

Esta mañana se ha celebrado la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político y en ella José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que el anuncio de la congelación de las pensiones en 2011 ha servido para estabilizar el mercado de deuda y dar “credibilidad” a la política económica.

Ha sido el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, quien se ha erigido hoy en el principal defensor de los pensionistas y ha reclamado al presidente del Gobierno que renuncie a congelar estas prestaciones en 2011. “El Gobierno debe respetar el Pacto de Toledo y no perjudicar al sector más débil de la sociedad por una razón de justicia”, ha argumentado el portavoz nacionalista.
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El Gobierno ha usado la hucha de las pensiones para comprar deuda pública al Tesoro y lograr dinero para mantener su errática política de gasto. Ha vendido bonos de Francia y Alemania (que son más seguros) para comprar españoles (que son más rentables). Esto es ilegal.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue creado en 2003 por el Gobierno de José María Aznar para constituir una hucha de las pensiones que pudiera servir al Estado para financiar el sistema de protección cuando entrara en números rojos. Es una caja en la que el Gobierno debe ir metiendo todos los años el superávit de la Seguridad Social y destinar esos fondos a inversiones totalmente seguras. Para ello creó una Ley que ahora el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido violar.
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El largo periodo recesivo que vive la economía española -siete trimestres consecutivos con contracción del pib- comienza a pasar factura a la Seguridad Social. Y lo hace, precisamente, en el pilar fundamental del sistema público de pensiones en el marco de un modelo de reparto: la relación entre ocupados y pensionistas.

Los datos más recientes de la Seguridad Social reflejan, en concreto, que la relación entre afiliados con empleo y número de pensionistas ha caído hasta 2,22 veces. O lo que es lo mismo, 17.479.448 ocupados pagan el retiro de 7.849.265 pensionistas. Se trata de la relación más baja desde 2001, lo que refleja el intenso deterioro de esta variable.
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El PP llevará al Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pretende instar al Gobierno a dotar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social con la cantidad comprometida para 2008 procedente del superávit del sistema, de la que restan por aportar más de 6.000 millones de euros, así como la de 2010, que aún no ha sido fijada pero que los ‘populares’ calculan en alrededor de 2.000 millones de euros.

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció la semana pasada que del monto total de 8.000 millones correspondiente a 2008 sólo se han aportado a la conocida como ‘hucha de las pensiones’ 1.750 millones de euros -con lo que restan 6.250 millones- y pidió “abrir un debate” sobre la dotación correspondiente a 2009.
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El Instituto de Empresa Familiar reclamó ayer la creación de un sistema público mixto de pensiones a través de aportaciones voluntarias del trabajador, que complementarían una prestación que podría sufrir una rebaja del 30%.

Las 96 grandes compañías que componen el Instituto de Empresa Familiar (IEF) propusieron ayer la creación un sistema público mixto de pensiones para garantizar las prestaciones en el futuro. De este modo sugirieron la creación de una cuenta ahorro, que sería gestionada por el Estado y a la que los trabajadores podrían destinar de forma voluntaria una aportación mensual de tres puntos de cotización a la Seguridad Social.

El importe acumulado se podría rescatar al final de la vida laboral y serviría para complementar la pensión, que a juicio del organismo, sufrirá un recorte del 30% como termino medio para hacer sostenible el sistema de pensiones. Esta rebaja se produciría, según Fernando Casado, director general del IEF, por los cambios que se deben introducir para hacer viable un sistema cuya sostenibilidad se va a ver comprometida por el envejecimiento de la población. En la actualidad hay doce personas activas por cada tres jubilados y esa proporción disminuiría hasta cinco en 2050.

Para financiar ese sistema será obligatorio, según el IEF, establecer cambios a la hora de conocer la pensión alargando el periodo de cálculo a toda la vida laboral (en la actualidad sólo se tienen en cuenta los últimos quince años), aumentar de 15 a 20 años el mínimo para el cobro de una prestación y alargar la edad máxima de jubilación de los 65 a los 67 años, y en algunos casos, incluso hasta los 70, en función del sector.

Casado también defendió el aumento de la edad mínima para la prejubilación y la posibilidad de que las mutuas gestionen las altas y bajas laborales para reducir los elevados niveles de absentismo laboral. El director general del IEF señala que con la introducción de esos cambios se corregiría uno de los principales problemas del sistema de pensiones: un jubilado medio cobra un 90% de su último salario, lo que supone el segundo nivel más elevado de la OCDE, tan sólo superado por Grecia. En su opinión, el nivel adecuado se encontraría en el 60%, lo que supondría recortar una tercera parte la cuantía de la pensión.

La patronal volvió a insistir en su petición de una rebaja de dos puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social para que tienda a igualarse a las que pagan los trabajadores. “Esa merma en los ingresos se vería compensada por el menor gasto en desempleo”, recalcó Simón Pedro Barceló, presidente del IEF.

Previsiones poco optimistas
“En febrero estábamos en el decimocuarto mes de 2009″. Con esta frase, Fernando Casado, director general del IEF, quiso dejar claro que todavía no se ha producido ningún atisbo de recuperación económica y que este ejercicio será igual de duro que el anterior. Así lo corrobora la encuesta realizada por el Instituto entre sus socios, en la que la mayoría constata que siguen teniendo grandes dificultades para acceder al crédito, lo que ha obligado al 80% a renegociar las condiciones de los préstamos concedidos. Y ese bloqueo del crédito está condicionando el crecimiento de las empresas, ya que la mayoría están optando por reducir precios, ajustar producción o empleo para intentar luchar contra la crisis.

De hecho, uno de cada dos empresarios encuestados considera que la situación económica que atraviesa su compañía es peor en la actualidad que hace seis meses. Y eso mismo ocurre cuando se les pregunta por la capacidad para generar empleo, por lo que el Instituto de Empresa Familiar reclamó “una respuesta política consensuada y equilibrada”.

Cinco Días

La Asociación para la Reforma de las Pensiones (ARP) defiende un sistema de capitalización individual, en el que cada trabajador cotiza para su propia pensión futura. Capitalizando su ahorro, el jubilado cobraría pensiones mucho más altas que las actuales al término de la vida laboral.

La ARP pide a los políticos que se debata el sistema de capitalización en España. Se trata de un movimiento de ciudadanos nacido el pasado mayo pero que, en la práctica, echó a andar en septiembre y, de momento, cuenta con cerca de 400 afiliados en toda España.
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El Consejo de Ministros analiza hoy una ambiciosa propuesta para reformar el sistema de pensiones. A fin de garantizar la sostenibilidad futura de las cuentas de la Seguridad Social, el Gobierno apuesta por retrasar progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años.

Los trabajadores que cotizan hoy no tienen asegurado que vayan a recibir mañana pensiones equiparables a las actuales. Sus cuotas sirven para sufragar la renta de quienes se están jubilando actualmente, pero este modelo de solidaridad generacional no está preparado para cubrir a los hijos del baby-boom que se jubilarán masivamente a partir del 2020. Pese a que las cuentas de la Seguridad Social son las más robustas del Estado -han mantenido el superávit pese a la dureza de la crisis- el sistema necesita una puesta a punto. El Gobierno anuncia hoy su apuesta.
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El ex vicepresidente económico y ex director general del FMI, Rodrigo Rato, ha advertido este miércoles de la posibilidad de que el actual sistema de pensiones entre en déficit en el año 2022 si no se toman las medidas adecuadas, como la prolongación de la edad efectiva de jubilación.

Así lo puso de manifiesto Rato durante la presentación de las conclusiones de la Comisión que preside y que fue impulsada por Unespa para analizar el efecto del envejecimiento de la población española en el Estado de Bienestar.
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“España tiene más tiempo que otros países, pero tiene que actuar ya. Las reformas ahora serían prácticamente indoloras. No supondrían ningún drama. El drama es no hacer nada”.

Estas palabras, en línea con las que se han oído últimamente desde diversos frentes, salieron ayer de la boca del comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, en el Congreso de los Diputados. Comparecía en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo y se refería a la reforma del sistema de pensiones.

Más sobre el informe en Libertad Digital
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Diciembre de 2008: la Seguridad Social se convierte en la única administración pública que escapa de la quema económica con un superávit del 0,8% del producto interior bruto (PIB), aun contando con el agujero de las prestaciones de paro. Abril de 2009: la misma institución corre el riesgo de perder el excedente “en un año”, según el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Más allá del deterioro económico experimentado en estos cuatro meses, que justifica los cambios, las palabras del gobernador han soliviantado al Gobierno y lo han empujado a hablar de lo que pide el gobernador: reformas.
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El documento enviado al Congreso aboga por aumentar la edad de jubilación, subir los años para calcular la prestación y un IPC especial para el colectivo.

Más ciudadanos, con más esperanza de vida y con más derechos acumulados obligan a hilar muy fino para mantener en pie, sin sobresaltos, el sistema público de pensiones. Así lo cree el Banco de España, que ha elaborado un documento, titulado La reforma del sistema de pensiones en España, en el que propone, entre otros puntos, ajustar las pensiones a la evolución de los precios de forma “estricta”, es decir, descontando lo que sea menester si el IPC acaba por debajo de lo previsto.
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Corbacho negó rotundamente ayer que las cuentas de la Seguridad Social puedan entrar en déficit en 2009, como dijo el gobernador del Banco de España. Ministro, patronal y sindicatos recriminaron a Ordóñez que cree alarmismo en torno a las pensiones.

‘Discrepo radicalmente’ espetó ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre la previsión expuesta el miércoles por el gobernador del Banco de España, que destacaba que las cuentas de la Seguridad Social podrían entrar en déficit durante este año. Corbacho garantizó que el superávit -un 1,3% del PIB a finales de 2008- se mantendrá al cierre de 2009. La estimación del ministerio es que llegará a diciembre con un resultado positivo del 0,3%.
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