Una pyme le vende un piso al hijo de su consejero por 45.000 euros, pero Hacienda entiende que el valor de mercado del inmueble es 95.000 euros. Si ha documentado correctamente la operación, la Administración no le sanciona, a pesar de que esta transacción le perjudica.
Pero si la microempresa valora correctamente la casa y se olvida de documentar algún dato, incluso el NIF, puede recibir una multa de más de 60.000 euros, en la que se suman 15.000 euros por conjunto de datos o 1.500 por datos omitidos. Todo ello, cuando no había ningún perjuicio para la Hacienda pública. Es un ejemplo del coste material para la pyme de este sistema, que se une al tiempo que absorbe cumplir con estas exigencias y la inseguridad que transmiten. Esta situación, que ahoga a las pymes en la crisis, ha provocado que asesores fiscales y empresas se rebelen contra un marco fiscal que la OCDE y la UE han pensado para grupos multinacionales en operaciones internacionales y que en España se aplica sin matices a la pequeña empresa en operaciones locales.
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