Una pyme le vende un piso al hijo de su consejero por 45.000 euros, pero Hacienda entiende que el valor de mercado del inmueble es 95.000 euros. Si ha documentado correctamente la operación, la Administración no le sanciona, a pesar de que esta transacción le perjudica.

Pero si la microempresa valora correctamente la casa y se olvida de documentar algún dato, incluso el NIF, puede recibir una multa de más de 60.000 euros, en la que se suman 15.000 euros por conjunto de datos o 1.500 por datos omitidos. Todo ello, cuando no había ningún perjuicio para la Hacienda pública. Es un ejemplo del coste material para la pyme de este sistema, que se une al tiempo que absorbe cumplir con estas exigencias y la inseguridad que transmiten. Esta situación, que ahoga a las pymes en la crisis, ha provocado que asesores fiscales y empresas se rebelen contra un marco fiscal que la OCDE y la UE han pensado para grupos multinacionales en operaciones internacionales y que en España se aplica sin matices a la pequeña empresa en operaciones locales.
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La vicepresidenta económica, Elena Salgado, considera que la banca no está haciendo bien sus deberes a la hora de evaluar los riesgos al financiar a las pymes.

Por ello, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la comisión anticrisis, pretende que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) conceda los préstamos directamente al ciudadano: el Estado asumiría el 100% de los riesgos, a pesar de que esta institución cuenta con una estructura exigua para este reto.
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Radiografía de la pyme 2010

26 / febrero / 2010

Dividido en seis capítulos, el informe elaborado por SAGE ofrece una visión exhaustiva sobre la situación actual de las pymes en España, tanto en su entorno socioeconómico como político, además de recoger datos y tendencias sobre su infraestructura tecnológica, nivel de adopción de nuevas tecnologías, relaciones con la Administración y previsiones para 2010.

“La gran cartera de clientes con que Sage España cuenta en este terreno nos ha situado en una posición privilegiada para realizar una recopilación masiva de información. Creemos que este informe es, sobre todo, una herramienta útil para conocer las necesidades de un sector que, por su dinamismo y peso específico en el tejido empresarial del país, resulta imprescindible para la buena marcha de la economía española”, ha declarado Santiago Solanas.
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El informe de Sage “Radiografía de la Pyme 2010”ofrece una visión exhaustiva sobre la situación actual de las pymes en España, tanto en su entorno socioeconómico como político, además de recoger datos y tendencias sobre su infraestructura tecnológica, nivel de adopción de nuevas tecnologías y relaciones con la Administración.

Sage ha presentado hoy su primer informe “Radiografía de la Pyme 2010”, elaborado a partir de una encuesta distribuida entre más de 300.000 clientes. El resultado constituye, según Santiago Solanas, director de la división de pymes, autónomos y formación de Sage España, “quizá el conglomerado de información más completo que se haya realizado nunca en España sobre este sector”.
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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con sólo un voto en contra, una moción del PP consensuada con PSOE y CiU que insta al Gobierno a crear una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que permita a las pymes y autónomos recibir créditos para hacer frente al cobro de las deudas pendientes con los ayuntamientos.

En concreto, el texto de la iniciativa plantea que el Ejecutivo “facilite la negociación” de pymes y autónomos con la banca a través de una nueva línea de avales “que garantice el cobro de las deudas pendientes de las corporaciones locales, e introduzca la necesaria liquidez en los proveedores de las administraciones municipales”.
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La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados debatirá hoy dos proposiciones no de ley del PP y CiU que plantean que pymes y autónomos no tributen en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por las facturas pendientes de cobro, y vean también modificado el tipo del Impuesto sobre Sociedades que se les aplica.
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La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de CiU, con una enmienda del PSOE y otra del PP, que prevé facilitar el aplazamiento del pago del IVA y del IRPF de enero para garantizar la continuidad de autónomos y pymes ante los problemas de liquidez y circulante.

En esta proposición no de ley figura una enmienda del PSOE en la que se pide que se revise la regulación del aplazamiento del pago de impuestos cuando la deuda sea inferior a 18.000 euros, frente a los 30.000 euros que pedía CiU. Además, también pide el aplazamiento parcial cuando la deuda sea inferior a 75.000 euros (frente a los 90.000 euros de los nacionalistas catalanes). En ambos casos no habrá necesidad de presentación de garantías, con el fin de facilitar la liquidez de las pymes.
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El colectivo de autónomos y algunas de las asociaciones de pymes han convocado una concentración conjunta, para el próximo 26 de marzo, ante el Congreso de los Diputados, para exigir liquidez, reformas estructurales a nivel fiscal y laboral, y que se ataje la morosidad.

Estamos con la soga al cuello. No producimos, no vendemos y no obtenemos créditos’, denunció ayer Lorenzo Amor, presidente de ATA, en representación de una mesa que incluye a diversas asociaciones de pymes. Esta plataforma, que según ellos representa a la cuarta parte de los empresarios del país, ha convocado una concentración de protesta, para el próximo 26 de marzo, ante el Congreso de los Diputados. Allí pedirán que se les garantice liquidez, que se reduzcan los plazos de morosidad, y que se acometan reformas estructurales a nivel fiscal y laboral.
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Con la entidades financieras mirándose el ombligo y reteniendo el crédito, las Administraciones retrasando sus pagos y el ICO concediendo financiación a marchas forzadas, los fondos europeos son una buena ayuda para los negocios.

Tener un negocio en la Unión Europea puede ser un salvavidas para muchos negocios. Cuando los bancos cierran el grifo de la financiación, las Administraciones nacionales pagan cada vez peor y obtener un crédito ICO es una odisea, las pymes encuentran en los fondos europeas un aliado fiel para seguir cumpliendo con sus obligaciones empresariales.
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La Comunidad de Madrid presenta las Líneas Financieras Bonificadas 2009, a través de las cuales el Gobierno regional, mediante Avalmadrid, podrá llegar a bonificar hasta tres puntos el tipo de interés de los créditos que soliciten las pymes madrileñas. El volumen es de 5.000 millones de euros.

“La experiencia nos enseña que en la práctica sólo hay una forma eficaz y duradera de superar la crisis económica, y es siendo más competitivos”, indicó Aguirre durante la presentación de esta actuación, cuyo objetivo, según la presidenta, es garantizar la modernización y la competitividad de las empresas con una cantidad económica incluida en un fondo de 5.000 millones de euros que la Comunidad está destinando a diversas ayudas.
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Nueva inyección de liquidez para los autónomos. Las tres asociaciones nacionales de este colectivo (ATA, UPTA Y CEAT) firmaron ayer un acuerdo, promovido por el Ministerio de Industria, con la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca y la Compañía Española de Reafianzamiento para facilitar el acceso a una línea de avales de 500 millones de euros a través de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).
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El interés de demora, el tipo que aplica Hacienda a los aplazamientos que concede, se sitúa en el 7%, un nivel demasiado alto según los analistas fiscales. El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Juan Carlos López-Hermoso, señaló que debería bajarse medio punto o un punto por encima del euríbor, que ayer cerró en 2,04%.

Por otra parte, Aedaf, reclamó, en línea con las organizaciones empresariales, rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de recaudación con una subida del IVA. ‘Lo importante ahora es aumentar la renta de familias y empresas’. Por ello, los asesores fiscales propusieron también bajar el impuesto de sociedades del 25% al 20% para las pymes y del 35% al 30% para el conjunto de las empresas, así como reducir las retenciones del IRPF.

Cinco Días

Una resolución del organismo antifraude fiscal cambia el cometido del personal y centraliza buena parte de los equipos en el control de asalariados y pymes.

Tiempos de recesión; de dificultades económicas; y de fuertes inspecciones fiscales. La reestructuración que acaba de lanzar la Agencia Tributaria puede convertirse en un motivo de preocupación para un buen número de contribuyentes. Pero, además, no de grandes empresas, sino de contribuyentes con rentas hasta 4 millones de euros, y de negocios de reducida dimensión.
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Se triplica en un mes, hasta el 30%, el porcentaje de pymes a las que se les ha negado un crédito. El ‘Plan E’ del Gobierno liberará 46.000 millones para ayudar a estas empresas.

La crisis está estrangulando, literalmente, a la mayoría de pequeñas y medianas empresas españolas. Lo constató ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián, cuando avanzó los datos de la tercera encuesta sobre financiación de pymes que elabora el ministerio con la colaboración de las Cámaras de Comercio: el 88% de estas empresas tiene problemas de financiación, mientras que a un tercio se le ha negado un crédito en las últimas semanas.
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Las Administraciones deben a las empresas unos 33.000 millones de euros y el retraso en el pago supera los seis meses. Así lo ha denunciado Jesús Bárcenas, presidente de CEPYME. La situación de los empresarios es “límite” y el Plan E, “insuficiente”.
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El presidente de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, afirmó hoy que cuatro de cada cinco pymes (el 80%) que en los últimos tres meses se ha dirigido a las entidades financieras para pedir financiación han tenido problemas, según la encuesta del organismo sobre el acceso empresarial a la financiación.

Según adelantó Gómez Navarro en rueda de prensa, el 17% de las empresas no ha conseguido el crédito (cerca de 200.000 empresas), mientras que el 83% restante manifiesta que se han endurecido considerablemente las condiciones que las entidades financieras les exigen a la hora de acceder a la financiación.
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