Sostiene que el exceso de bonificaciones supone un “peso muerto o un efecto ganga” que ha perjudicado su eficacia

El Ministerio de Trabajo e Inmigración señala que el actual sistema de bonificaciones a la contratación presenta “evidentes síntomas de agotamiento” que hacen aconsejable abrir una “reflexión” sobre su “replanteamiento y reforma” ante la actual crisis, después de haber destinado cerca de 10.500 millones de euros desde julio de 2006 a facilitar 2,29 millones de contratos, un 3,89% del total de los que se registraron en España en ese periodo.
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La caída del paro mostrado por el Inem en mayo en 24.741 personas responde a causas que no ocultan la gravedad de la recesión en la que está España, y la necesidad de una reforma laboral.

Dice una sentencia clásica entre los economistas que el empleo es el último invitado a la fiesta del crecimiento y el primero en abandonar la de la crisis. Por eso, el descenso del paro registrado en 24.741 personas en mayo, hasta la cifra total de 3.620.139, parece, sin más, un espejismo.
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Más del 60% cree que la caída del PIB será superior al 3%. Respaldan una reforma fiscal que suba el IVA y baje cotizaciones.

Los expertos, analistas y empresarios también quieren ver brotes verdes en la economía. Según el Consenso Económico de Pricewaterhouse Coopers (PwC), un 30% de los encuestados cree que la situación va a ir a peor en los próximos meses, cuando hace un trimestre era el 58% quien hacía un augurio tan malo.
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PP y PSOE coinciden en rechazar la reforma laboral que solicita la patronal CEOE. Por un lado, el pleno del Congreso aprobó el martes ampliar temporalmente la cobertura por desempleo durante seis meses. Mientras, el PP rechaza las propuestas laborales de los empresarios.

Triste panorama el que pinta el mercado laboral español. PSOE y PP rechazan cualquier atisbo de reforma laboral, tal y como exigen todos los organismos y expertos económicos, tanto nacionales como internacionales.
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El colectivo de autónomos y algunas de las asociaciones de pymes han convocado una concentración conjunta, para el próximo 26 de marzo, ante el Congreso de los Diputados, para exigir liquidez, reformas estructurales a nivel fiscal y laboral, y que se ataje la morosidad.

Estamos con la soga al cuello. No producimos, no vendemos y no obtenemos créditos’, denunció ayer Lorenzo Amor, presidente de ATA, en representación de una mesa que incluye a diversas asociaciones de pymes. Esta plataforma, que según ellos representa a la cuarta parte de los empresarios del país, ha convocado una concentración de protesta, para el próximo 26 de marzo, ante el Congreso de los Diputados. Allí pedirán que se les garantice liquidez, que se reduzcan los plazos de morosidad, y que se acometan reformas estructurales a nivel fiscal y laboral.
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, avisó el martes a los agentes sociales de que el tiempo para la negociación de las propuestas que se están debatiendo en la mesa de empleo del diálogo social se está agotando y que este proceso ‘no puede eternizarse’.

‘Estamos en tiempo de descuento, en la prórroga. Hay que decidir’, avisó Corbacho, que confió en que esta misma semana o a la sumo la próxima se haya cerrado el debate para que comiencen a implementarse las medidas discutidas, algunas de las cuales requerirán un desarrollo normativo.
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La patronal CEOE afirma que no firmará ningún nuevo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva si éste no está acompañado de “una reforma laboral integral”.

El Gobierno y los sindicatos ya pueden darse por enterados: la patronal CEOE no firmará ningún nuevo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva si éste no está acompañado de “una reforma laboral integral”. Es decir, que, según los empresarios, un eventual acuerdo salarial tendría que recoger, como mínimo, un nuevo recorte de la indemnización en el despido improcedente del trabajador. De lo contrario que ni el Gobierno ni los sindicatos cuenten con la patronal.
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La agencia internacional de medición de riesgo Standard & Poor’s (S&P) rebajó ayer la calificación ‘AAA’ (máxima calidad) de crédito soberano a largo plazo del Reino de España debido a la ‘debilidad estructural’ de su economía.

En un comunicado emitido desde su sede en Londres, S&P precisa que el indicador ‘AAA’, del que se disfruta un selecto grupo de países, se reduce hasta ‘AA+’ con perspectiva ‘estable’. ‘Creemos que las condiciones económicas y financieras actuales del mercado que subrayan la debilidad estructural de la economía española son incompatibles con el ‘rating’ AAA’, explica la agencia.
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró ayer que aprovechará la próxima reunión de la mesa coordinadora del diálogo social para buscar con patronal y sindicatos fórmulas para limitar la edad de las prejubilaciones presentadas con motivo de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), si bien admitió que establecer una “regulación específica” para ello es “complejo”.
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