La Comisión del Pacto de Toledo concluyó ayer la primera parte de sus trabajos. Sin duda, la más delicada en medio de un gran revuelo sobre la capacidad del Gobierno de asegurase una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante su propuesta ‘estrella’. El retraso en la edad de jubilación de 65 a 67 años.

En total son 23 recomendaciones que nacen sin el respaldo del PP, ERC-IU-ICV y BNG, que presentarán votos particulares especialmente en materia de edad de retiro. Ahora, el texto, deberá ser votado el próximo miércoles en Comisión y el próximo 25 de enero en Pleno. Es decir, tres días antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley.
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La interminable reforma de las pensiones cumple una nueva etapa: el Pacto de Toledo hará una recomendación genérica al Gobierno para retrasar la jubilación y ampliar el período de cálculo. Nada nuevo: los partidos están decididos a rebajar las pensiones, pero parece que no se atreven a reconocerlo.

Lo que es evidente es que los trabajadores españoles cobrarán pensiones más bajas que sus padres. Aunque nada de lo acordado este miércoles afectará a los ya jubilados.

El Pacto de Toledo ha alcanzado un principio de acuerdo para ampliar el período de cálculo que se utiliza para calcular las pensiones actualmente fijado en los últimos quince años cotizados. Sin embargo, no todos los grupos están de acuerdo. IU, ERC y BNG se han desmarcado del resto de los partidos presentes en el Congreso.
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El compromiso del Ejecutivo con los socios europeos y con los mercados de actuar y de hacerlo con rapidez es firme. El presidente Zapatero ha dado de plazo al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, hasta el 28 de enero para que logre un acuerdo de reforma del sistema de pensiones.

Ante Gómez, el reloj, negociaciones en diciembre con los distintos grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo, negociaciones con empresarios y sindicatos en enero y tres medidas claras cuyo objetivo, según el ministro, es seguir teniendo un sistema público de pensiones sólido y saneado dentro de 15 o 20 años.
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Después de años repitiéndonos que el sistema de jubilación de reparto es sólido como una roca y que gracias a la bondad de nuestros políticos las pensiones se revalorizarían año tras año, el Gobierno se dispone a realizar una reforma que supondrá un sustancial recorte de las prestaciones.

El déficit toca a la puerta y, en lugar de reconocer los enormes problemas del modelo, Zapatero prefiere rodearse de una serie de mitos y falacias para defenderlo, al tiempo que lo recorta.
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El Gobierno es consciente de que, una vez superada la reforma laboral, la gran asignatura a superar en el próximo trimestre es la reforma del sistema de pensiones y la revisión del Pacto de Toledo.

Pero, al mismo tiempo, tiene muy claro también que no le conviene abrir un nuevo frente con los sindicatos, especialmente tras el pulso de la huelga general del 29-S, y que necesita el apoyo de las minorías de la izquierda parlamentaria , por lo que los responsables del Ministerio de Trabajo, y en especial el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, están barajando fórmulas intermedias que permitan compensar el impacto y los efectos negativos para el trabajador de la ampliación a 20 años del periodo de cotización para tener derecho a acceder a una pensión contributiva.
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Zapatero lo admite y ratifica. El Gobierno impulsará la reforma de pensiones para retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años y ampliar el período de cálculo, lo cual se traducirá en una rebaja de las prestaciones de entre un 10% y un 30%. Y eso, pese a negarlo hace apenas cinco meses.

La congelación de las pensiones aprobada por el Ejecutivo para 2011 será una broma comparada con la reforma del sistema público que se pretende llevar a cabo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció durante el debate sobre el estado de la nación -celebrado ayer y este jueves- que impulsará la reforma de las pensiones elevando de 65 a 67 años la edad legal de jubilación y ampliando el período de cálculo empleado para estimar la cuantía de las prestaciones a percibir.
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Tras la aprobación de la reforma laboral, aún con muchos flecos sueltos, le toca el turno al sistema de pensiones. Los cambios estarían listos para después del verano por las presiones de la UE. Incluiría la ampliación del tiempo de cómputo y de la edad de jubilación.

La reforma del sistema de pensiones será aprobada, haya o no haya acuerdo en el Pacto de Toledo, después del verano, según informa este miércoles ABC, que adelanta los puntos clave de la misma, muchos de ellos desmentidos u “olvidados” por el Gobierno en los últimos meses.
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El Gobierno afila sus uñas para otra reforma económica de indudable calado: la reforma de las pensiones. Según fuentes de toda solvencia, el Ministerio de Trabajo está ultimando su propuesta de reforma de la Seguridad Social, y con toda probabilidad la presentará en los próximos días ante la Comisión del Pacto de Toledo.

Aunque la reforma no está del todo perfilada, fuentes no oficiales que conocen las intenciones del Ejecutivo aseguraron ayer que la reforma viene “durita”. Es decir, que difícilmente va a contar el apoyo de los sindicatos, lo que obligará al Gobierno a aprobarla mediante real decreto ley, como ha sucedió con la reforma del mercado de trabajo. Zapatero anunció hace unos días que la reforma de las pensiones se hará en el contexto del Pacto de Toledo, pero esta intención choca con el objetivo de sacarla adelante lo antes posible para calmar a los mercados financieros. Y tampoco parece fácil un pacto político en un contexto tan encrespado como el actual. Y mucho menos en otoño, cuando se tramita el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
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La clase política es ajena a la reforma de las pensiones públicas que acaba de proponer el Gobierno. Mientras el PSOE quiere retrasar la edad de jubilación a los 67 y rebajar las pensiones, sus señorías disfrutan del privilegio de poder retirarse con la pensión máxima cotizando tan sólo siete años.

Privilegios, ésa es la palabra que sirve para definir el estatus del que disfrutan sus señorías y cargos públicos. Así, por ejemplo, la reforma fiscal que aprobó el Gobierno el pasado año, la mayor subida de impuestos de la democracia, no afecta a todos por igual. Y es que hasta el 75% de los ingresos reales de los políticos está libre de impuestos. En concreto, entre el 40% y el 75% del sueldo real de diputados, senadores y, en general, cualquier cargo de representación pública, goza de exención fiscal. Es decir, no tributa a Hacienda, gracias a las abultadas dietas que cobran sus señorías.
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La reforma de las pensiones planteada por el Gobierno al Parlamento, la patronal y los sindicatos afecta, y castiga, a todo el mundo. A los asalariados, los pensionistas, las empresas y a los autónomos. Castiga porque se trata de una reforma de calado y, en ese sentido, pretende poner orden en el sistema de protección social durante un largo periodo.

Sintetizamos desde WorkPress las puntualizaciones y matices que durante estos días han ido publicando diversos medios.
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